El pasado 30 de abril se cumplieron nueve años desde que las tensiones en la cárcel de Quatre Camins, situada en Roca del Vallès (Barcelona), derivaron en un motín de los reclusos, que denunciaban desde hacía tiempo las malas condiciones de un centro penitenciario en el que las muertes dentro del presidio, los malos tratos y la falta de asistencia médica eran, según las denuncias de los internos, constantes -de hecho, en el año 2002 ya había tenido lugar otro motín-.

Un subdirector de la prisión resultó gravemente herido y, una vez reprimido el motín, Institucions Penintenciàres de la Generalitat -las gestión de las cárceles son competencia de las autoriades catalanas- decidió trasladar a 56 presos supuestamente implicados en la revuelta a otros centros, al menos seis de ellos en régimen FIES.

Según denuncian los reclusos y la Fiscalía, antes de que se llevara a cabo de dicho traslado, los funcionarios de prisiones -los que estaban de servicio en ese momento pero también otros que, pese a no estarlo, se acercaron al centro- formaron un pasillo humano desde las celdas hasta el departamento de ingresos.

Formaron de esta manera un túnel por donde desfilaron los reclusos, que al atravesarlo fueron apaleados con porras de goma, puñetazos y patadas. Una veintena de las víctimas denunció los malos tratos.

Nueve años y una semana más tarde, 10 de los presos denunciantes han conseguido llevar el caso hasta la Audiencia de Barcelona, donde ayer comenzó el juicio a nueve funcionarios de prisiones.

La Fiscalía los acusa de un atentado contra la integridad moral -una acusación por la que podrían recibir una condena de hasta cuatro años de prisión- y de faltas por lesiones, mientras que las acusaciones particulares y la popular -ejercida por la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans- acusan a los imputados de un delito de torturas, que puede comportar penas de hasta ocho años de cárcel. Los acusados también se enfrentan, en caso de ser declarados culpables, a la posibilidad de quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Durante el mes que durará el juicio -está previsto que acabe el 5 de junio- pasarán delante del juez un total de 116 testimonios, entre los que se encuentran los máximos responsables penitenciarios del Govern de entonces.

Los medios de comunicación, sin embargo, no podrán acceder al juicio, ya que el juez, en una decisión insólita, escogió una de las salas más pequeñas de la Audiencia para realizar las sesiones, obligando de esta manera a los periodistas a seguir el juicio desde una pantalla instalada en la sala de prensa.

«Se les adyudaba a caminar rápido»

Ayer fue el turno de los primeros acusados, entre los que destaca el entonces subdirector médico de Quatre Camins, Xavier Martínez Redondo, cuya firma quedó estampada en un informe en el que quedó constancia del estado en el que fueron trasladados los reclusos. Sin embargo, Martínez Redondo aseguró que se vio obligado a firmar el documento por el director de la cárcel y que no se hace responsable de su contenido.

El subdirector médico -acusado de golpear a ocho reclusos con una porra de goma- se negó a contestar las preguntas de las acusaciones particulares y la popular, y aseguró que él no agredió a nadie. Pese a ello, acabó admitiendo que 19 de los reclusos sufrían lesiones en el momento del traslado y reconoció «una cierta contundencia en las acciones contra los presos» de los funcionarios. «Si un preso venía por el pasillo y no quería caminar, se le ayudaba para que caminara rápido», añadió, sin especificar cómo se realizaba dicha «ayuda».

Durante la toda la jornada de ayer varias decenas de personas se concentraron delante de la Audiencia en apoyo a los reclusos torturados. Además, el sábado una manifestación en contra de la tortura recorrió el centro de Barcelona.

Dos juicios, dos velocidades

Tras el motín y las consabidas represiones se iniciaron dos procesos judiciales paralelos: uno contra 17 presos amotinados y el otro contra los funcionarios que torturaron a los reclusos.

Mientras que el segundo comenzó ayer, el primero fue mucho más veloz y acabó en 2008 con la condena de siete reclusos por un delito de homicidio en grado de tentativa y otros siete por faltas de lesiones -tres de ellos fueron absueltos-. Algunos presos vieron incrementada su pena hasta en 17 años más.