«Queremos justicia» era el titular -en alemán- que publicó ayer en portada del diario turco «Türkiye». Estas palabras resumen un objetivo común de las familias los nueve ciudadanos turcos, del ciudadano griego y de la agente de la Policía alemana que murieron tiroteados por el grupo neonazi Clandestinidad Nacional Socialista (NSU) entre 2000 y 2011. Son una de las partes presentes en el proceso iniciado ayer en Munich y están asesorados por 53 abogados. Al Estado alemán lo representan tres fiscales federales. Frente a ellos están los cinco acusados, todos ellos procedentes del ámbito neonazi, que serán defendidos por once letrados.

La sala está presidida por el juez Manfred Götzl, quien además de dictar sentencia tendrá que mantener bajo control a las 230 personas que tienen cabida en esta sala de la Audiencia Regional de Munich y donde se esperan provocaciones por parte de la ultraderecha. Además, se registró una amenaza de atentado, supuestamente planeado por turcos, contra la principal acusada, Beate Zschäpe.

En 1998, la militante neonazi pasó a la clandestinidad junto con sus compañeros Uwe Mundlos y Uwe Böhnhard. Ahora Zschäpe está acusada de haber colaborado activamente en las diez muertes imputadas a esta célula de extrema derecha y podría ser condenada a cadena perpetua. Sus dos cómplices murieron, suicidándose según la versión oficial, cuando dos policías pretendían registrar el vehículo donde se habían escondido. Entonces Zschäpe hizo volar por los aires la casa donde residía el trío y unos días después se entregó a la Policía tras haber informado a la opinión pública de la existencia de la hasta entonces desconocida NSU.

Ese suceso y las armas encontradas llevó a la Policía a atar cabos y descubrir la motivación neonazi de esas diez muertes, algo que se había rechazado sistemáticamente durante las investigaciones de todos los delitos que se atribuyen hoy en día a los tres integrantes de la NSU. En su día se acusó incluso a las familias de tener que ver con esas muertes.

Hasta ahora Zschäpe, la principal acusada, mantiene un férreo silencio. Al exfuncionario del partido neonazi NPD Rolf Wohlleben se le imputa haber facilitado el arma con el que Mundlos y Böhnhard cometieron al menos nueve de los diez crímenes. Los otros tres acusados se enfrentan a cargos parecidos, pero se encuentran en libertad provisional.

Fuera del fuertemente vigilado tribunal, tres comisiones parlamentarias esperan recabar más datos para saber por qué ni los servicios secretos ni las policías alemanes dieron con la NSU a pesar de que contaban con decenas de confidentes en su entorno.