Le doy este tratamiento porque creo que el título de ministro de la «Gobernación» es bastante más acertado para Vd. que el de ministro del «Interior». Como sabrá, aquel nombre era el que se daba en tiempos de Franco a los ministros de su cosa. También entonces, a la Policía a su servicio se le llamaba Policía «Armada», cosa curiosa, porque entonces solo portaban porra y pistola mientas que ahora, que van forrados de pertrechos y armas (chaleco, casco, pelotero, pistola, subfusil si llega el caso, botes lacrimógenos y de humo) se les llama Policía «Nacional» y no «Armada». Cosas de la democracia.

En la respuesta que Vd. nos dio la pasada semana en el Congreso, referente a la interpelación que hicimos como Amaiur en relación a la actuación del Gobierno ante las respuestas sociales dadas a su política de reformas y recortes, afirmó que aquella se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución, relativo al papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cual es la protección del «libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». Pero vayamos por partes.

Empecemos por eso del «libre ejercicio de los derechos». Vamos a ver. La Constitución, en su artículo 47, afirma que los españoles tienen derecho a una «vivienda digna» y que «los poderes públicos promoverán las condiciones y normas para hacer efectivo ese derecho». Pues bien, entiendo yo que, conforme a esto, ante un desahucio bancario el Gobierno debería enviar a la Policía a evitar que éste se produzca y detener, si fuera preciso, al banquero, y no, como suele hacerse, a sacar por la fuerza a la familia desahuciada, ¿o no?

Se dice también que la Policía está para garantizar la seguridad ciudadana, pero ¿acaso la verdadera inseguridad no es la que afecta hoy a millones de personas que viven unas condiciones laborales inciertas, un paro que no deja de crecer, unas pensiones que se recortan, una marginación creciente para los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes,..? Hace tres días falleció la mujer que meses atrás se quemó a lo bonzo en una oficina bancaria, en Castellón, mientras gritaba: «¡Me lo habéis quitado todo!». Pues bien, ¿qué hace su Policía ante esta inseguridad y desesperación que conduce al suicidio?

Vd. habla de cumplir la legalidad, pero ¿qué clase de legalidad es ésta que permite que los condenados por los crímenes del GAL (secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos,..) cumplan menos de la décima parte de las condenas impuestas y, sin embargo, a los presos políticos vascos se les aplique la doctrina Parot para incrementar su penas en diez o doce años más?

Para Franco, la «paz» era sinónimo de orden público. De la misma manera, cuando Vd. habla de «seguridad ciudadana», no se refiere al bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía, sino a que el orden público reine en las calles, las fábricas y los centros de estudio. Es decir, que la gente despedida y en paro acepte su situación; que la juventud renuncie a tener un futuro; que mayores y pensionistas interioricen que son una carga; que los desahuciados admitan que son unos fracasados y que todo lo anterior vaya impregnado de santa resignación y fe absoluta en las mentiras del Gobierno.

Sin embargo, mucha gente no está dispuesta a aceptar ese papel y se revela en los conflictos mineros, las marchas y ocupaciones andaluzas, las mareas madrileñas, las huelgas generales de Euskal Herria -ya van seis- y estatales, la Diada y movilizaciones catalanas, las movidas contra los desahucios y preferentes... Y es que hay bastante más dignidad en la gente de la que el Gobierno cree y ésta no se deja atrapar en sus conceptos tramposos de «legalidad vigente» y «seguridad ciudadana». Porque cuando la injusticia se hace ley y la mentira programa de gobierno, la confrontación social es una obligación moral y la desobediencia civil un deber ético.

Para Vd., todo lo que se salga del orden público de su cama de Procusto es violencia a reprimir. En Asturias, cerca de 300 procedimientos y procesos abiertos, incluidas peticiones de 2 a 7 años de cárcel por las luchas mineras; en Andalucía, más de 500 personas detenidas o procesadas con peticiones y sentencias que suman más de 50 años de cárcel y cerca de 400.000 euros en multas para las gentes del SAT; en Nafarroa, donde las prohibiciones y multas forman ya parte del paisaje, cuatro años de cárcel para los miembros de un piquete de huelga y cinco para los desobedientes civiles al TAV por tirar tres tartas de nata a la presidenta del Gobierno foral... Junto a eso, las cargas policiales revientan ojos con sus pelotas de goma en Barcelona, Iruñea,..

Por afirmar lo anterior, Vd. identificó nuestras posturas con la violencia y nos preguntó si nuestro modelo era el de la Camboya de los jemeres rojos. No, ya sabe Vd. que no. Ahora bien, si lo que quiso fue poner el ejemplo de alguna dictadura criminal, no debía de haber ido tan lejos y podía haberse referido a la franquista y a sus cientos de miles de asesinados, torturados, encarcelados, condenados a trabajos forzados,... Porque, dígame vd, ¿con quien cree que tiene más que ver ese régimen criminal, con Amaiur, o con su Gobierno y sus entornos personales, sociales y partidarios?

Le digo esto porque no tiene Vd. más que escarbar un poco a su alrededor y verá qué pronto descubre antiguos militares franquistas, ministros de Franco, jueces del Tribunal de Orden Público, torturadores ascendidos,...

En Euskal Herria, por último, tenemos otra gran razón a sumar a todo lo anterior a la hora de defender e impulsar la confrontación social y la desobediencia civil contra los recortes y reformas reaccionarias del Gobierno, y es afirmar que, además, todas estas nos están siendo impuestas pasando por encima y a pesar del rechazo de las más amplias mayorías políticas, sociales y sindicales de nuestro pueblo. Es por eso que en la próxima huelga general del 30 de mayo, reclamaremos soberanía para Euskal Herria a fin de lograr para nuestro pueblo un modelo propio, económico y social, asentado en pilares de justicia social y solidaridad. Es lo menos que podemos hacer.