Familiares de las personas que en las últimas décadas han perdido la vida como consecuencia de la política penitenciaria, comparecieron ayer en Bilbo en torno a la Fundación Egiari Zor para exigir que los estados desactiven esas prácticas que han dibujado un interminable reguero de dolor y sufrimiento en muchas personas y por extensión en toda la ciudadanía.

Los encargados de emplazar a Madrid y París fueron Idoia Muruaga y Alain Berastegi -compañera y sobrino respectivamente de los presos Igor Angulo y Peio Mariñelarena, muertos en prisión-, arropados por una quincena de allegados de otras víctimas. De las últimas, Xabier López Peña y Ángel Figueroa, dijeron que esperan que cierren esa macabra nómina, ya que los estados están dibujando una tragedia de dimensiones no asumible, como son 49 personas muertas, de las que 45 lo han sido a partir de la década de los ochenta.

Como otros agentes, Egiari Zor definió la política carcelaria como «ruleta criminal» que los gobiernos español y francés mantienen «girando en torno a sus intereses políticos», con un saldo de 32 presos muertos y otras 17 personas fallecidas cuando se dirigían a visitar a sus allegados alejados a cientos de kilómetros de casa. «Está claro -enfatizaron Muruaga y Berastegi, en castellano y euskara- que el amor a nuestros familiares está pagando también un altísimo precio».

Con la muerte de dos presos aún reciente, se dirigieron a quienes desde distintos ámbitos hablan de «suelo ético» o «reconocimiento del daño causado» mientras la violencia estatal «continúa abriendo nuevas heridas en lugar de intentar cerrar las que ya existían». Con ese panorama, preguntaron a los estados hasta cuándo van a seguir con la violación de derechos.

«La política penitenciaria no es un abstracto, viene impulsada desde los poderes políticos y es el resultado de decisiones tomadas por personas concretas, por tanto responsables directos que deberán responder por las consecuencias derivadas en aplicación de la misma», señalaron.

De ahí que desde esta fundación anunciaran que exigirán responsabilidades «sin obviar la clara implicación de los estados en estas graves vulneraciones de los derechos de nuestros familiares». «Si realmente queremos que Euskal Herria se dirija hacia un horizonte basado en la paz -subrayaron-, debemos exigir que acaben definitivamente las vulneraciones de los derechos humanos, que los estados desactiven toda su maquinaria represiva. Que no continúen generando más heridas, más dolor, más sufrimiento».

Egiari Zor exige toda la verdad de lo sucedido en torno a esas muertes y de todas las demás, «toda la verdad sobre lo ocurrido en el último medio siglo, que este sea el acicate que ayude a sentar las bases de una solución justa». Para ellos, esa resolución definitiva del conflicto supondrá que «este pueblo logre recorrer el camino que nos lleve a todos y todas a alcanzar un acuerdo político y democrátivo que posibilite una solución justa para el mismo».

En esa tarea, reiteraron su compromiso con el objetivo de «lograr una solución justa al conflicto que aún está por superar» y que sea garantía de que «el dolor, el sufrimiento y las injusticias que hemos padecido no vuelvan a repetirse». Tampoco perdieron la oportunidad de dar «un fuerte abrazo a todas las personas que de una forma u otra habéis sido golpeadas por la crueldad de esta violencia que niega su propia existencia -en referencia a la política penitenciaria-, esa que continua abriendo desgarradoras heridas en este pueblo».