NUEVO MURO POPULAR CONTRA LAS DETENCIONES
Beltrán de Heredia y Urkullu cierran filas ante las críticas
GARA | BILBO
Tanto la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, como el lehendakari, Iñigo Urkullu, trataron de blindar su posición frente a las críticas. Así, la primera se declaró «orgullosa» de la Ertzaintza y el segundo calificó la operación de Ondarroa de «ejemplar».
Beltrán de Heredia elogió en Radio Euskadi «el trabajo transparente de una Policía que se ha dedicado a garantizar la seguridad, incluso de aquellos que han estado alterando el orden público de un pueblo».
«Agradezco y felicito a la Ertzaintza y traslado el orgullo que siento de estar al frente de un cuerpo como nuestra Ertzaintza», subrayó la consejera en tono épico, al mismo tiempo que se quejaba de que «muchas personas, con su resistencia, han tratado de impedir que la Ertzaintza ejecutara una orden judicial». En este punto dijo que algunas usaron la resistencia «activa» y no «pasiva».
Preguntada por críticas como las de Pernando Barrena, portavoz de Sortu, que tildó a la Ertzaintza de «policía cipaya» y responsabilizó de ello al PNV a través de su cuenta de Twitter, Beltrán de Heredia aseguró no entender que «aquellos que aspiran a gobernar un país no estén dispuestos a respetar la legalidad vigente».
Iñigo Urkullu también salió a la palestra en términos similares. Expresó su «satisfacción» por cómo se desarrolló el operativo y lo citó incluso como ejemplo de cómo se debe actuar en este tipo de situaciones. A partir de ahí, acusó a la izquierda abertzale de «tensionar innecesariamente» a la sociedad.
En declaraciones a los periodistas durante una visita a una feria agrícola en Araba, Urkullu reclamó igualmente a este sector político que acepte que la Ertzaintza es una Policía «integral» y que en consecuencia está abocada a cumplir las órdenes de los órganos judiciales. Dijo expresamente que las sentencias deben ser «acatadas» y esgrimió que también la izquierda abertzale lo hace a veces.
«Despilfarro de recursos»
Más curioso aún resultó que el lehendakari tratara de imputar los costos económicos de esta intervención policial a quienes la sufrieron.
En concreto, lamentó que la resistencia producida en Ondarroa obligó al Gobierno de Lakua a recurrir a un «despilfarro de recursos» para llevarse a la cárcel a Urtza Alkorta.
La Ertzaintza desplegó en la localidad alrededor de 30 furgonetas, además de dos lanchas zodiac, para acceder hasta el puente en el que se había conformado el muro popular y retirar uno a uno a sus componentes hasta llegar a Alkorta.
En el caso de Aske Gunea de Donostia ya se movilizó también a cerca de 200 agentes, entonces con el objetivo de proceder a la captura e ingreso en prisión de seis jóvenes condenados por militancia en la organización política Segi.
Fernández, como si fuera ETA
En cuanto al Gobierno español, interpelado por la detención de Alkorta, su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, optó por tratar el caso como si fuera una gran operación contra ETA.
Así, al solicitársele una valoración de lo ocurrido en Ondarroa, exigió la disolución de esta organización y añadió que si eso no se produce continuarán con la presión policial hasta que acabe «reducida a unas meras siglas, como el GRAPO». Reprodujo así las mismas declaraciones que hizo la pasada semana tras los seis arrestos de militantes de ETA producidos en el Estado francés.
«La posición del Gobierno es muy conocida: tras el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, lo que exigimos es su disolución y trabajamos día a día para su disolución», afirmó el ministro en Barcelona.
El Gobierno español evitó una felicitación expresa a la Ertzaintza. Su delegado en Gasteiz, Carlos Urquijo, había presionado en días anteriores para apresar a Alkorta cuanto antes.
El lunes, la directora de EiTB respondió en el Parlamento por las críticas de EH Bildu ante la falta de cobertura informativa de Aske Gunea de Donostia. Ayer fue el PSE quien se quejó, por lo contrario. Emitió una nota en la que afirma que el tratamiento dado ayer «no responde a los criterios de objetividad, veracidad e imparcialidad informativas exigibles a un ente público y vulneran los principios éticos y profesionales». Denuncia que «se ha presentado a la detenida como si se tratara de una ciudadana corriente» y que «se ha orillado el hecho de que se trataba de cumplir un requerimiento judicial». En resumen, ve «un claro sesgo».
El PP fue obviamente el más satisfecho de todos. Por la mañana, el portavoz adjunto del grupo parlamentario en Gasteiz, Borja Sémper, se dirigió a Mintegi para decirle que en Ondarroa se demostró que «Euskadi no es una selva sin ley, ni una herriko taberna en la que la izquierda abertzale, Laura Mintegi o cualquier condenado de ETA pueda hacer lo que le dé la gana. Debemos cumplir la ley y ETA debe cumplir la ley», señaló. En su opinión, lo que buscan quienes conforman estos muros humanos es «que por el mero hecho de ser de ETA tengas algún tipo de privilegio legal y judicial, y eso es intolerable».
Refiriéndose al escenario concreto de los hechos, consideró que supone «una metáfora de la política vasca y de la actitud de ETA y de la izquierda abertzale». Recordó que Alkorta fue detenida en el medio de un puente, «un puente que la izquierda abertzale y ETA se niegan a cruzar de una vez por todas y que deben cruzar para pasar de la ilegalidad al Estado de Derecho y a la democracia». «No es casualidad que haya sido detenida en el medio del puente, en el que tanto la izquierda abertzale como ETA siguen anclados. Si hay que ir a buscar a quien ha cometido un delito al medio del puente, el Estado de Derecho debe ir e irá, pero cruzar ese puente depende de la izquierda abertzale y de ETA», remachó.
Sin embargo, por la tarde el mismo grupo endureció su posición. Anunció que reclamará explicaciones en el Parlamento a la consejera de Seguridad para que explique por qué ha necesitado seis días para cumplir la orden de la Audiencia Nacional.
Más crítico con la Ertzaintza desde el primer momento se mostró el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, para quien «ha dejado pasar demasiado tiempo» y «debía haber abortado antes este circo». Censuró también la presencia solidaria de miembros de EH Bildu, entre ellos parlamentarios, en Ondarroa.
Se quejó también Maneiro del eco mediático obtenido por la acción: «No se sabía si Laura Mintegi era una más de las manifestantes o una reportera, ya que tenía vía directa con determinados medios de comunicación contando minuto a minuto lo que pasaba». Y añadió que no se puede hablar de resistencia pacífica porque «en definitiva, están tratando de que no se detenga a un delincuente y haciendo propaganda de ideas batasunas». GARA
