La Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo sumó ayer nuevas adhesiones a la manifestación convocada para el sábado 15 de junio, a las 18.00, desde la bilbaina plaza Moyua, y a la querella que intruye la magistrada argentina María Servini de Cubría por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de los derechos humanos durante el franquismo. Una investigación judicial que se enfrente a los obstáculos puestos por el Ejecutivo español.

Se trata de organizaciones históricas como ELA, CNT, EPK-PCE y Eusko Lurra Fundazioa, que se suman a la veintena de colectivos que marcharán, en las vísperas del 76º aniversario de la caída del Botxo en manos de las tropas fascistas, para exigir «tolerancia cero a la impunidad del franquismo».

En una rueda de prensa ofrecida en la capital vizcaina, representantes de las cuatro formaciones junto a Periko Ibarra y Mikel Arregi, insistieron en la necesidad de seguir exigiendo que sea una realidad el lema de la movilización, que tendrá carácter nacional. «Porque no podemos permitir que aquella invasión militar franquista y sus herederos actuales queden sin responder por sus atropellos y crímenes», enfatizó Ibarra.

Al igual que lo vienen haciendo desde hace décadas, denunciaron la sublevación militar dirigida por Francisco Franco en julio de 1936 contra el régimen republicano español, así como contra los gobiernos vasco y catalán, «legítimamente» constituidos por la voluntad popular.

No pasaron por alto el papel jugado «por buena parte de las oligarquías agraria, industrial y financiera y la jerarquía de la Iglesia católica, con su apoyo al golpismo, primero, y al régimen fascista instaurado después». Sin olvidar, los cuarenta años en que se reprimió «a sangre y fuego todo el vestigio de disidencia y lucha por la libertad, la justicia social y los derechos individuales y colectivos».

Por todo ello, la Plataforma exige a las administraciones políticas y judiciales españolas, que adopten las medidas necesarias para garantizar a los represaliados el ejercicio de su derecho a la verdad sobre aquel régimen, «contrarrestando los intentos de rescribir la historia que se vienen realizando por sus herederos».

Además, reivindican el derecho a la justicia «efectiva mediante la que se pueda superar el actual estado de impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos» y a una reparación «digna y no discriminatoria por las vulneraciones causadas a los centenares de miles de víctimas del franquismo».

En su tabla de exigencias y a la que llaman a adherirse, la Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo reclama el derecho del conjunto de la sociedad a que se implementen medidas de cambios sociopolíticos, jurídicos e institucionales «como garantía de no repetición».