EH Bildu defenderá hoy en el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia en Gernika una propuesta de Norma Foral para la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de los ayuntamientos, con el objetivo de que estos puedan utilizar el remanente positivo en inversiones y gasto social, que ahora impide la Ley de Estabilidad de Madrid, porque obliga a destinar el remanente al pago de la deuda pública.

La alcaldesa de Zaldibar, Arantza Baigorri, puso sobre la mesa la situación por la que atraviesa su propio municipio. Explicó que el Ayuntamiento que preside cuenta con un remanente positivo de más de un millón de euros, que con arreglo a la legislación vigente no puede invertir en el proyecto más acuciante ahora en la localidad, que es la construcción de una nueva escuela infantil. El primer edil de Sopuerta, Josan Llaguno, indicó que de salir adelante la propuesta de EH Bildu, en su municipio, con un saldo positivo también por encima del millón de euros, podrían resolver las complicaciones surgidas por deslizamientos de tierras.

En la línea de la norma que las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron por unanimidad en febrero, la propuesta que la coalición independentista lleva a las Juntas vizcainas, fija la reducción de la deuda en el año 2020, en lugar de los objetivos anuales que establece la ley española. Plantea que la Diputación elabore un informe anual a las Juntas Generales sobre el cumplimiento de los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera y propone que se exima de los saldos pendientes de devolución de Udalkutxa, «a efectos de determinar el cumplimiento del objetivo de deuda pública».

En otro movimiento para aliviar la delicada situación financiera de los ayuntamientos vizcainos, EH Bildu ha enmendado la Norma Foral para la modificación de los límites de endeudamiento. Ya se posibilitaba la refinanciación a largo plazo de las deudas a proveedores «y ahora también incluirá a las deudas de las sociedades públicas». Sin embargo, considera «fundamental» que se incluyan operaciones de tesorería a las que han recurrido algunos ayuntamientos para hacer frente al pago de este tipo de deudas, porque las entidades que guardan facturas impagadas se podrían acoger a la norma pero no las que solicitaron un nuevo crédito.