En diciembre de 2012, Ainhoa Diz y Jenifer Serrano, delegadas sindicales en el comité de la residencia Miraflores, que gestiona la compañía Sarquiavitae, fueron despedidas. Antes, la dirección ya había expulsado a siete más, tres de ellas delegadas sindicales de LAB.

Representantes de esta central acompañaron ayer a Ainhoa Diz, dado que estaba prevista la vista judicial por su despido. Haizea Agiriano, responsable del área sociocomunitaria de Bizkaia, explicó a GARA que «han sido despedidas por ser delegadas de LAB. No hay motivo. Se les acusa de otro tipo de cosas, pero estamos seguras de que la razón es llevar adelante un ataque frontal contra la línea de actuación de LAB en la residencia». Agiriano recordó que han realizado diferentes movilizaciones desde que se produjeron los despidos y afirmó que «estamos aquí acompañándolas para denunciar que no se puede llevar adelante un ataque contra las trabajadoras y la defensa de las mismas».

La responsable sindical del área Sociocomunitaria añadió, por otro lado, que LAB «avala la línea de intervención sindical que han ejercido en la residencia de Miraflores. Es loable, porque beneficia no solo a las trabajadoras, sino a la calidad de la atención de los residentes». Por ello, la sindicalista reclamó «la vuelta a su puesto de trabajo» y dijo que «nuestras compañeras apuestan por el empleo de calidad y, desde luego, no se van a dejar vender».

LAB recordó que la línea sindical en la residencia Miraflores es correcta, porque se presentan «denuncias ante inspección de trabajo por incumplimiento en materia estrictamente laboral, así como buscar un compromiso con la empresa para la igualdad de condiciones laborales entre indefinidos e interinos».

Entre otras denuncias, interpelaron en inspección y control de la Diputación de Bizkaia en servicios sociales, «por hechos que entendían que atentaban contra la dignidad y bienestar de los usuarios en la planta destinada a la atención de la dependencia física y psíquica».

La central recordó que cuando denunció los despidos en diciembre, «esas denuncias y las entrevistas con el instructor originaron visitas y comprobaciones de las instalaciones de la residencia, quedando la planta que originó la denuncia destinada al almacenamiento de muebles», explicaron.