Los colectivos sociales de Bizkaia se concentraron ante las oficinas de Lanbide para denunciar que «el Gobierno vasco recorta los derechos sociales».

Según explicó Laura Agirretxea, «parejas, personas divorciadas, matrimonios con menores a su cargo y familias monoparentales denunciamos los nuevos recortes sociales a los cuales se tienen que enfrentar las familias vascas a cuenta de las últimas directrices del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Adelantaron que Lanbide ha adoptado «una nueva normativa restrictiva». Así, explicó Agirretxea, «las personas o familias acogidas por sus parientes, producto de una separación, pérdida de su vivienda debido a un desahucio o la falta de recursos económico por el desempleo, solo podrán percibir las prestaciones sociales durante dos años». En este caso, advirtieron que computa el tiempo de empadronamiento en ese nuevo hogar familiar, aunque no haya ayudas públicas de por medio.

Los colectivos Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Asamblea de Invisibles (Ikustezinak) Berri-Otxoak, Danok-Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, Renta Básica Universal Taldea y SOS Racismo denunciaron de manera abierta que esta decisión «afectará, como mínimo, al 30% de las familias perceptoras de las prestaciones sociales gestionada por el Servicio vasco de Empleo». Se debe -según dijeron- al recorte presupuestario del 26%.