La sentencia de 80 años de prisión dictada el viernes en Guatemala por un tribunal de mayor riesgo en contra de Efraín Ríos Montt, uno de los gobernantes más sanguinarios en el ciclo de dictaduras militares que padeció esa nación vecina en el siglo pasado, es sin duda histórica (...).

[El tribunal] ordenó al Estado guatemalteco que ofrezca, por medio de sus más altos funcionarios, una disculpa al pueblo ixil, principal objetivo del genocidio puesto en práctica por el régimen militar en tiempos de Ríos Montt; que se erija un monumento a las víctimas de la represión, y que se lleve a cabo una ceremonia en los municipios en los que se localizaban las comunidades que sufrieron las atrocidades expuestas durante el juicio. (...)

Más allá de las delimitaciones legales de la sentencia, ésta ha adquirido una evidente carga simbólica en la que el ex dictador representa al régimen militar impuesto por la Casa Blanca en 1954 y que durante las siguientes cuatro décadas, con fachadas democráticas o no, con elecciones o por medio de golpes de Estado, con el concurso furtivo o abierto de los círculos del poder en Washington, implantó en Guatemala un régimen oligárquico, racista y genocida.

El tribunal ha llegado hasta donde podía en su tarea de impartir justicia. Corresponde ahora a la sociedad guatemalteca defender ese fallo histórico y contener la furia que la sentencia ha desatado entre los propietarios del país, que siguen siendo, en buena medida, oligarcas de la vieja estirpe y militares y políticos enriquecidos en el servicio público. Porque todo mundo sabe que han sufrido una derrota jurídica sin precedente, por más que la sentencia contra Ríos Montt sea la culminación de un proceso legal en contra de un solo individuo.