Los diputados de la coalición independentista Xabier Mikel Errekondo y Onintza Enbeita informaron ayer en rueda de prensa de la iniciativa que presentarán esta próxima semana en la cámara baja y que enmarcaron en la respuesta tanto del Gobierno de Mariano Rajoy como de Gasteiz e Iruñea a las protestas provocadas por los recortes.

Tras recordar que la mayoría de estas protestas «han sido y son de carácter pacífico», los diputados de Amaiur denunciaron que las distintas administraciones «no han dudado en utilizar la violencia, tanto verbal como policial».

Así, remarcaron que muchas de las personas que han participaron en las movilizaciones «han sido calificadas de nazis, y de mucho más», al tiempo que en Euskal Herria, durante las pasadas huelgas generales, «ha habido varias personas gravemente heridas por pelotas de goma». Asimismo, denunciaron las elevadas penas de prisión y sanciones administrativas solicitadas para miembros de los piquetes.

Tras subrayar que la ciudadanía «está en su legítimo derecho de mostrar su rechazo a todas estas injusticias, por muy legales que sean», Amaiur explica que su moción solicita que el tratamiento a dar a los conflictos sociales derivados de la actual crisis económica se asiente «en fundamentos de diálogo, negociación y acuerdo».

En particular, plantea el archivo general de los procedimientos sancionadores gubernativos y procesos judiciales abiertos» por razón de los conflictos derivados de los recortes, y propone asimismo «avanzar por una vía de despenalización de las conductas de protesta y contestación social». Por último, propone el reconocimiento de la desobediencia civil pacífica «como conducta legítima a llevar a cabo por la ciudadanía ante políticas que recorten sus derechos básicos».

Junto a estas medidas, Amaiur propone la «adopción de una política preventiva, de carácter económico y social, que busque prioritariamente la mejora general de las condiciones de vida de las más amplias mayorías sociales».

En concreto, plantea establecer un sistema de prestaciones «dignas y suficientes» para las personas carentes de recursos, implantar un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión y establecer un gravamen especial sobre las grandes fortunas.