Dado el estado de las cosas actual, soprendentemente, la convocatoria de huelga para el próximo jueves 30 de mayo ha degenerado en un debate público sobre los sindicatos, sus debilidades, su legitimidad y sus funciones. Y resulta sorprendente porque, si algo está claro a estas alturas, es que la responsabilidad de los sindicatos en la crisis socioeconómica actual es mínima, por no decir nula, frente a responsabilidades tan flagrantes como las del sector financiero, la clase política-gobernante o la patronal. Sorprendente porque los datos evidencian que la brecha social entre los más ricos y los más pobres no ha parado de crecer, tanto durante los años de bonanza como durante la crisis, siendo los sindicatos uno de los pocos muros de contención que se han alzado frente a esa pauperización progresiva.

Cabe apuntar que se trata de un debate que si se ataja desde la crítica sincera y la honestidad intelectual puede ser interesante y necesario. Un debate que los propios sindicatos vascos están dando o deben dar, que tiene que ver con la necesidad de definir qué es hoy y aquí la clase trabajadora, si los sindicatos van a ser capaces de articularla y representarla por sí solos, si serán capaces de tejer alianzas en diferentes direcciones, s i van a liderar ese proceso de configuración de nuevos sujetos sociolaborales o simplemente van a acompañarlo (o, lo que sería mucho peor, a fiscalizarlo)... En definitiva, si el nuevo tiempo político que debe abrirse camino en este país dentro del contexto global de crisis necesita, también en lo laboral, de nuevos esquemas, nuevas formas de hacer, nuevas alianzas, nuevas estrategias. Esas estrategias tendrán que contener, además de los principios actuales de justicia e igualdad, criterios como la eficacia. No se puede obviar que existen ahora más razones objetivas que nunca para la huelga y, sin embargo, resultan evidentes los problemas para socializarla, para darse a entender, para comunicar y convencer incluso a los propios.

Intereses de clase

En todo caso, tal y como se ha formulado en este momento por parte de gobernantes, medios de comunicación y una parte del empresariado, el mencionado debate busca eludir responsabilidades propias y derivar la frustración que se está generando en la sociedad, situando a los sindicatos como enemigos de esa otra gran parte de la clase trabajadora vasca que son autónomos, cooperativistas, parados, excluidos, pensionistas, estudiantes... Prueba de que esos sectores son aliados naturales y no enemigos, este próximo jueves muchos de ellos cerrarán sus comercios, sus talleres, sus fábricas, para reunirse en las calles de Euskal Herria en defensa de otras políticas y otro modelo. Y resulta lógico porque muchos de esos sectores, más allá de su categoría legal o de su conciencia social, son simple y llanamente eso, clase trabajadora. Y como tal, son víctimas de las políticas que promulga la patronal y hacen efectivas los gobiernos actuales.

También por eso, este es momento de señalar claramente a los responsables de la crisis, de denunciar sus políticas suicidas y/o criminales y su absoluta falta de legitimidad. Por ejemplo, la patronal vasca, que en ningún caso es sinónimo del empresariado vasco. Es evidente que Confebask, sucursal de la CEOE, es un lobby que defiende los intereses de los ricos, el statu quo, no a la gran mayoría de los empresarios vascos. En ningún caso representan ni a las cientos de cooperativas ni a ninguno de los miles de autónomos y pequeños empresarios que componen el grueso del tejido empresarial vasco, agentes socioeconómicos que hacen este país más rico no solo en términos monetarios, también en términos sociales. Vista esa posición, y aunque solo fuera por no parecer tan parcial y demagógico, sería deseable que el lehendakari Urkullu mostrase con la patronal parte de la beligerancia extrema que muestra hacia los sindicatos.

Defensa del sindicalismo

Una de las razones más potentes para hacer huelga en este momento es, precisamente, la existencia de una agenda anti-sindical que pretende vaciar de poder y sentido a esas organizaciones básicas para el equilibrio de poder, necesarias para una democracia, valedoras de la justicia social. Es una tendencia antigua que en los últimos tiempos se ha acentuado en nuestro entorno, sobre todo a raíz de la contrarreforma, de la austeridad y de la renovada agenda neoliberal. Dicho coloquialmente, les están intentado quitar el agua y el aire, reducirlos a comparsa para la concertación, a agentes legitimadores de políticas que van contra los intereses de la clase trabajadora.

En todo caso, defender el sindicalismo no es sinónimo de una política sindical defensiva. Que de esta situación, de estos debates e incluso de esta huelga los sindicatos, sus representados y sus intereses salgan reforzados o malheridos depende sobre todo de la capacidad de los propios sindicatos y de sus aliados para situar estas propuestas en clave de futuro, de alternativa.

Por todo ello, hay que votar sí a esta huelga, pero sobre todo sí a inscribir esa movilización en un marco más amplio, en un proyecto general de cambio político y social, en un intento por construir una alternativa desde abajo y para todos. Todo esto ya lo han dicho los convocantes de la huelga, pero más allá de declamarlo tienen que ser capaces de hacerlo efectivo. Ese es el reto de este momento, que transciende con mucho a debates malintencionados, a parcialidades manifiestas o a frustraciones mal encaminadas.