La comisión gestora a la que Yolanda Barcina encargó elaborar unos estatutos para la nueva fundación que gestionará los restos de CAN (los réditos del 1% de las acciones de Caixabank) acudió ayer al Parlamento. Los tres funcionarios aseguraron haber actuado con absoluta independencia y afirmaron que su decisión de hacer de Caja Navarra una fundación privada fue la decisión más natural, puesto que la entidad siempre tuvo carácter privado.

Los tres miembros de la gestora de CAN fueron elegidos a dedo por Barcina cuando los electos por el Parlamento apenas habían tomado posesión del cargo. La presidenta se escudó para esta destitución en una ley estatal que ya estaba vigente al elegir a las personas destituidas. Los elegidos fueron José Antonio Razquin (el principal asesor legal del Gobierno), Pedro Ugalde (secretario técnico del Departamento de Economía) y Juan Franco (director general de Presupuestos).

Los estatutos escogidos por estas tres personas recibieron fuertes críticas por parte de los miembros de la Cámara, que están descontentos con el modelo de «fundación privada de carácter especial» que los gestores han decidido dar a los restos de CAN. Su labor también ha resultado cuestionada a raíz de que la Policía haya tenido que acudir en tres ocasiones a la sede de CAN a por documentación que solicitaba la juez y cuya entrega no se realizaba.

«No hemos recibido ninguna indicación, ni del Gobierno ni de ninguna otra entidad, institución o grupo», incidió Franco para convencer a los parlamentarios de que han actuado con imparcialidad.

Razquin, por su parte, aseguró que Caja Navarra ha tenido el carácter de entidad de naturaleza privada desde los estatutos de 1976. Aun así, el letrado del Gobierno aseguró que su decisión arrebata a la Cámara de Comptos la posibilidad de realizar su labor inspectora, debido precisamente a ese «carácter privado».

Asimismo, para el régimen de patronos que tendrá la fundación al entrar en vigor los estatutos, Franco explicó que han creado un riguroso régimen de incompatibilidades para que ninguna persona vinculada a partidos políticos pueda entrar.

Sus explicaciones no gustaron al PSN, que aseguró que los estatutos «dejan el poder real en manos del gobierno de turno». De la misma opinión fue Maiorga Ramírez (Bildu), que dijo que los miembros de la gestora son «Gobierno de UPN». Txentxo Jiménez, de NaBai, remarcó que el Parlamento tiene que poder controlar la nueva «fundación especial» CAN.