El comité de Derechos Humanos de la ONU ha emitido un dictamen sobre las torturas infligidas por la Guardia Civil a María Atxabal en el que señala directamente al Estado español, al que ordena que repare el daño causado, que investigue lo ocurrido de forma «precisa y objetiva» y que preste asistencia médica gratuita a esta ciudadana vasca. El pronunciamiento llega diecisiete años después de que se produjeran los hechos, pero a pesar de ello, la vecina de Bilbo trasladó ayer una cierta sensación de alivio al ver que, por fin, se ha hecho justicia.

En muy poco tiempo, apenas unos meses, se ha producido un importante número de condenas y reprobaciones a las autoridades españolas por causas relacionadas con torturas y malos tratos, todas ellas llegadas desde instituciones supranacionales como la Comisión Europea y las Naciones Unidas, o de organismos de solvencia global como Amnistía Internacional. Demasiadas como para que nadie pueda seguir sosteniendo la falacia de que tales prácticas no existen o que son casos aislados. De hecho, si este tipo de resoluciones no solo apuntan a los directamente implicados en el maltrato o a sus superiores, sino a todos los estamentos que lo hacen posible, incluyendo a jueces, fiscales, forenses y, por supuesto, a partidos políticos e instituciones, también deben sentirse interpelados por ellas quienes siguen dando pábulo a una versión oficial que hace tiempo que no se sostiene. Este dictamen mira también a esos medios que omitirán toda referencia a él o lo relegarán a un lugar marginal. Como siempre.

Y no podrán argumentar que estemos ante un pronunciamiento vago, ya que el escrito es claro y contundente, también en lo que se refiere al régimen de incomunicación y a los derechos de las personas detenidas. Por eso, aquellos que a pesar de la insistente evidencia rehúsen levantar el manto que mantienen sobre este tema aceptarán conscientemente ser parte del malhadado engranaje. Y la ONU también les señala a ellos.