El Gobierno salvadoreño autoriza que se le practique una cesárea a Beatriz
Después de que la Corte Suprema de El Salvador denegara el aborto a Beatriz, en riesgo de morir de continuar con la gestación, el Gobierno de Mauricio Funes, atendiendo los requerimientos de la Corte Interamericana de DDHH, autorizó que se le practique un parto inducido.
GARA | SAN SALVADOR
El Gobierno salvadoreño autorizó que se le practique un parto inducido a Beatriz, la joven salvadoreña de 22 años, embarazada de casi 27 semanas y con serias afecciones -padece lupus eritematoso discoide, una renal y tensión arterial alta-, que hacen peligrar su vida en caso de proseguir con la gestación. Además, ya tiene un niño de un año que requiere de cuidados especiales al haber nacido prematuramente y el bebé que espera sufre de anencefalia -ausencia de cerebro-, por lo que, a lo sumo, vivirá escasos días fuera del vientre materno. Pese a ello, el miércoles, tras meses de espera y de presiones por parte de los grupos antiabortistas, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema había denegado la posibilidad de abortar alegando que «los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus ni viceversa».
Horas más tarde de hacerse público este dictamen, en una decisión «sin precedentes», la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) instó al Estado salvadoreño a «adoptar y garantizar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud» de Beatriz. Su abogado, Denis Muñoz, afirmó que se siente «contenta y sorprendida» y recordó que ya en la semana 13, los médicos que le atienden recomendaron la interrupción del embarazo por la «alta probabilidad de muerte materna».
Pidió que la intervención se realice «cuanto antes para que pueda sobrevivir con las menores secuelas posibles».
La presidenta de la Agrupación ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE), Morena Herrera, que apoyó a Beatriz en la presentación del recurso de amparo, precisó que ya le han practicado «los exámenes para «proceder a la evacuación del útero mediante una cesárea» cuando cumpla la semana 28. No obstante, advirtió de que «esta tardanza ha sido muy grave y puede tener daños irreparables». «La lección que deja este caso es que es necesario que el país cuente con regulaciones que reflejen un conocimiento de las realidades que tienen las mujeres. Es necesario cambiar la norma», concluyó.
El Colectivo Feminista para el Desarrollo Local anunció que promoverá enmiendas legales y promoverá regulaciones para que las autoridades de salud puedan actuar con «con prontitud» ante emergencias.
Precisamente, el Instituto de Estudios de la Mujer deploró que el Ministerio de Salud sometiera el caso a una resolución de la Sala de lo Constitucional con lo cual se perdió tiempo. En términos similares se pronunció Amnistía Internacional, para quien «haber sometido a Beatriz a este largo proceso, demorando durante siete semanas la adopción de una decisión que afecta a una persona cuya vida corre un riesgo inminente, es cruel, inhumano y degradante».
Desde 1998, las leyes salvadoreñas prohíben el aborto en todos los supuestos, castigando su práctica con hasta 50 años de prisión por considerarlo un «homicidio agravado», en el caso de la madre, y con 12 años para los médicos que lo practiquen. Previamente, entre 1973 y 1998, estaba permitido en los supuestos de violación, de malformación fetal o de riesgo de morir para la madre. Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile también prohíben el aborto de manera absoluta.
Solo en Cuba, Uruguay y México Distrito Federal las mujeres pueden abortar de forma gratuita y libre; en el primer caso antes de las diez semanas y en los dos últimos antes de la semana duodécima.
En Guatemala, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia, el aborto es ilegal salvo si el embarazo representa un peligro para la vida o la salud de la mujer. En caso contrario la ley castiga con prisión tanto a las mujeres como a los médicos que incurran en esta practica.
En Guatemala, ejemplo equiparable al de otros países, se estima que cada año más de 60.000 mujeres de entre los 15 y 49 años interrumpen de forma clandestina sus embarazos con lo que ponen en riesgo no solo su salud sino también su vida. GARA
Hace casi un año, en República Dominicana, los médicos negaron el tratatamiento de quimioterapia que precisaba una adolescente embarazada y enferma de leucemia. Tras intensos debates y pese a la presión de la Iglesia católica, el Ministerio de Salud autorizó que le dieran quimioterapia, pero la joven, de 16 años, finalmente murió.
