La frase «factores económicos adversos e inesperados» es la coletilla que utiliza una y otra vez la Comisión Europea en la recomendación al Reino de España que hizo pública el miércoles. En la misma no aparece responsabilidad alguna por ninguna parte. Dan a entender que el planteamiento ha sido bueno. Y ratifican que todo lo hecho hasta ahora ha sido lo correcto. Pero, desgraciadamente, algo que al parecer escapaba a los poderosos designios de la CE súbitamente se ha torcido y eso ha provocado el actual estado de las cosas. Repasando el texto tampoco llegan a definir en ninguna parte qué es precisamente eso que ha ocurrido de manera fortuita y que ha chafado los extraordinarios planes que habían diseñado.

El caso es que han decidido alargar los plazos para alcanzar el objetivo de déficit público que debe cumplir el Reino de España, y así han retrasado el objetivo de llegar a un déficit de menos del 3% de la riqueza del 2014 hasta el año 2016; dos años más de margen.

A partir de aquí se puede especular con las razones que les han llevado a tomar esta decisión. Lo que está claro es que no ha sido culpa de la Comisión Europea, sino de contingencias que de forma súbita se han cruzado en el camino de la recuperación económica, tal y como puede aparecer un jabalí en una carretera una noche cualquiera.

Cambio de estrategia...

Una posibilidad que explique semejante cambio puede ser que la vergüenza les haya obligado a dejar de hacer el ridículo. Se mire como se mire, el Estado español no está cumpliendo los objetivos de déficit ningún año. Además, no por unas décimas, que se podrían justificar llegado el caso por ciertos imprevistos, sino por puntos enteros que solo pueden ser consecuencia de haber cometido errores de bulto. Las draconianas medidas que ha tomado el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir el gasto y subir los ingresos no están dando ningún resultado por varias razones.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que el Estado deja de gastar se traduce en menos ingresos para otros sectores de la economía, lo que a su vez provoca caída de la riqueza y del empleo para el conjunto de la economía. Con menos riqueza y empleo, la base sobre la que se recaudan los impuestos encoge y en consecuencia la recaudación también, con lo que menos gastos del Estado son también menos ingresos para el Estado. De primero de Economía. Con esa estrategia difícilmente se reduce el déficit. Y eso sin tener en cuenta que no es lo mismo ni para la riqueza ni para el empleo recortar el gasto, por ejemplo, en grandes infraestructuras o en armamento, que en sanidad o enseñanza.

En segundo lugar, conviene recordar cómo es la débil estructura económica del Estado español. Esta se sustenta en grandes constructoras que viven a cuenta de la obra pública de las administraciones y en estos momentos se encuentran en situación de quiebra. A su lado, están los grandes bancos que financian a las constructoras y en consecuencia se encuentran al borde del colapso. Por último, tenemos a las grandes compañías de servicios (petroleras, eléctricas, cadenas de distribución, compañías de telefonía, etcétera), que se benefician de una posición de dominio sobre el mercado, y eso sin contar con que a veces además llegan a acuerdos entre ellas para presionar y repartirse prebendas y mercados. Fuera de eso, un poco de turismo y el desierto industrial, ya que la poca industria que había estaba dirigida hacia la construcción. Con esta estructura, poca riqueza y menos empleo se puede crear. Cambiarla significa invertir, lo que requiere en primer lugar recursos y además tiempo. Se carece de ambas cosas, sin que, por otra parte, haya nadie en el mundo en disposición de ofrecerlas.

...o apretón de tuerca.

Lo más probable es que para este último cambio la Comisión Europea se haya guiado una vez más por los mismos criterios que ha seguido desde que comenzó la crisis económica y que se pueden resumir en que la Comisión se ha dedicado a asegurar a los acreedores que cobrarán sus deudas. El empecinamiento en mantener empresas en quiebra, en rescatar bancos y al mismo tiempo recortar derechos sociales, reformar el sistema de relaciones laborales y las pensiones, lo único que busca es una nueva redistribución de la riqueza que asegure a los acreedores que habrá dinero para devolver sus deudas y, por supuesto, los correspondientes intereses.

Ese ha sido el leit-motiv hasta ahora y en este último quiebro continúa siéndolo, aunque lo quieran vestir de otra manera. Aumentan los plazos para cumplir el objetivo de déficit, cuestión que cada vez les preocupa menos ya que los bancos españoles se están cargando de deuda pública que antes estaba en manos extranjeras, de manera que si el Estado quiebra, los prestamistas internacionales implicados serán cada vez menos. Ahora bien, la Comisión ha aprovechado el quiebro para imponer un estricto calendario de reformas que fundamentalmente buscan garantizar el trasvase de riqueza de las clases trabajadoras hacia el capital financiero, reformando la Seguridad Social y los impuestos. Y punto. No se ve ninguna medida significativa en orden a mejorar la estructura económica o el empleo.

Su influencia en Euskal Herria.

En este pequeño país barrido por las borrascas del Atlántico, la noticia del cambio de criterio ha sido recibida poco menos que como si fuera un regalo de dinero que viene con la lluvia, para gastar al libre albedrío por las instituciones. En realidad nadie da más dinero, simplemente se abre la posibilidad de pedir más créditos siempre que los ingresos no se hundan. Créditos que, por cierto, en estos momentos tienen un elevado precio y que además hay que devolver en el futuro.

Para la derecha de este país, que tiene una visión cortoplacista de la política, esta posibilidad ha sido como agua de mayo, ya que les permite enjuagar su falta de ideas e iniciativa ante la crisis y seguir como hasta ahora, lo que significa pegar a la bola otro patadón hacia adelante, y luego ya se verá.

A falta de un plan sobre cómo va a cumplir este país con la Unión Europea en el año 2020, lo que ahora puede ser un alivio se puede convertir en una pesada carga en el futuro. No conviene olvidar que las deudas provocan una relación de dependen- cia hacia el prestamista que se vuelve más acusada cuando un país carece de moneda propia, porque la moneda no se puede devaluar y en consecuencia las deudas no pierden valor.

Ni qué decir tiene que la dependencia es todavía mayor cuando se trata de un país sin soberanía para decidir su propio camino. En este momento las incógnitas son muchas: las diputaciones están mirando al Gobierno de Gasteiz; este, al resto de comunidades autónomas; y todas ellas, a Rajoy, que se ha dado un mes para deshojar la margarita y decidir cómo reparte los nuevos límites.

De esta manera, cuando haya algo firme se estará casi en proceso de preparación de los presupuestos del año que viene, y además seguramente sin tener claro cuál será el reparto en años sucesivos, con lo que Euskal Herria peninsular seguirá dependiendo no tanto de Europa y de su propia evolución socioeconómica como de los cálculos políticos del Gobierno de Madrid.

El cambio en los límites del déficit ha puesto sobre la mesa el verdadero problema al que este pueblo hace frente: la cuestión de la falta de soberanía para poder elaborar nuestra propia hoja de ruta para superar la crisis.