La vicepresidenta y portavoz del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, puso ayer en duda la posibilidad de que se amplíe el tope de déficit para las comunidades autonómicas, tras el nuevo margen concedido por Bruselas, e insinuó que dicho margen podría ir a parar a la Seguridad Social, que afronta «grandes dificultades».

«Es precisamente en esa área donde la crisis y la recesión van a exigir unos mayores esfuerzos y es mejor hacerlos por la vía de los márgenes de déficit que por otras vías, como se ha hecho por desgracia en fechas anteriores», dijo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría no quiso abordar cómo se repartirán las dos décimas de nuevo déficit que las instituciones europeas van a conceder al Estado español para este año, si las comunidades se llevarán o no una parte.

Tras insistir en que la cifra tiene aún que ser confirmada y que hay unos «procedimientos que cumplir», reiteró que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que debate y vota este asunto. El déficit de cada autonomía, se limitó a decir, se decidirá sobre criterios «que sean económicos y objetivos, racionales» y que permitan devolver la «credibilidad a las cuentas públicas».

Dicho esto, y ante la pregunta de si las autonomías se llevarán una parte de ese nuevo margen, Santamaría remarcó las dificultades de la Seguridad Social, que no distingue entre Estado y comunidades ni entre estas porque paga las pensiones «de toda España». «Es un servicio público de primera necesidad», subrayó.

Coincidencia con Bruselas

Preguntada por las exigencias realizadas por la Comisión Europea a cambio de flexibilizar el margen de déficit -gravar más productos al tipo general del IVA, adelantar la aplicación de la edad de jubilación e introducir el factor de sostenibilidad-, Sáenz de Santamaría reconoció que «en buena medida» coinciden con el Plan de reformas que ha entregado el Gobierno de Rajoy a la Unión Europea, aunque matizó que ahora tienen que pasar por el Ecofín y por el Consejo Europeo.

Respecto a la reforma de las pensiones, pidió que se deje trabajar a los doce expertos nombrados para introducir el factor de sostenibilidad.

El Banco de España, en su informe anual correspondiente a 2012 y publicado ayer, aconseja que se acelere tanto el retraso en la edad de jubilación (que irá aumentando hasta llegar a los 67 años en 2027) como el alargamiento del periodo de cómputo para calcular la pensión (que pasará de 15 a 25 años de aquí a 2022).