En los informes en los que se opone a la admisión de cuatro querellas presentadas por este motivo contra Bankia y las cajas que dieron lugar a esta entidad, así como contra sus responsables, el Ministerio Público defiende que los afectados recurran a la vía civil, que estima que les puede dar una respuesta «más rápida y eficaz».

Anticorrupción discrepa así de lo que esta misma semana ha acordado la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que ordenó al juez de este tribunal Fernando Andreu incluir la compraventa de preferentes en la instrucción del caso Bankia.

«Nos encontramos con un producto que en sí mismo no puede considerarse fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores», dice el fiscal. La Fiscalía, que dice ser «consciente de la importancia del problema» y admite que «un gran número de estos adquirentes se sienten engañados por no haber sido debidamente informados y advertidos de los riesgos del producto», concluye no obstante que no hay materia penal.

Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) afirmó que no comparte la visión de la Fiscalía e insistió en que sí hubo «un plan preconcebido para recapitalizar fraudulentamente a las entidades».

Condena a BBVA

Sin embargo, el Tribunal Supremo sí condenó al BBVA a indemnizar a un matrimonio con 291.000 euros más los intereses legales por los daños y perjuicios que les causó la adquisición de preferentes de Lehman Brothers, siendo la entidad gestora el banco español.

El pleno de la sala de lo Civil del alto tribunal estimó el recurso de la pareja contra una resolución de la Audiencia de Valencia al entender que no se les facilitó información completa y clara y que el banco no actuó de buena fe al existir contradicción entre el perfil de riesgo del cliente, muy bajo, y los valores elegidos, de riesgo elevado.

Por otro lado, el martes el Congreso rechazó la toma en consideración de la proposición de ley del BNG que pedía una reforma de la legislación que permitiera garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera. La mayoría absoluta del PP echó atrás la propuesta.