La decisión del Tribunal Constitucional de denegar a Arnaldo y demás condenados la suspensión de la ejecución de la sentencia de condena hasta que se resuelva el recurso de amparo ha levantado una importante polvareda en Euskadi, pues una mayoría de la sociedad, plural política y socialmente, no comprende ni comparte la decisióndel alto tribunal. Probablemente en España sucedería algo similar si la decisión del Constitucional hubiera sido estimatoria. (...) Es obvio que quienes valoran negativamente la decisión del TC lo hacen desde su convicción de que quienes fueron condenados no estaban en ETA ni cumplían instrucciones de ésta. (...)

Ciertamente, los hechos han dado la razón a esta mayoría de ciudadanos.

(...) conviene destacar que en el último auto no se ha resuelto nada relativo al fondo del asunto planteado en amparo. Se trataba de examinar la solicitud formulada para que se acordara la suspensión de la ejecución de la condena. La petición está plenamente justificada, pues caso de serles otorgado el amparo, sería imposible la reparación de los daños que para el derecho a la libertad de los recurrentes sulpondría la ejecución de la sentencia. Por un lado, porque se encontrarían con un derecho a la libertad a la que se les habría privado durante el tiemlpo de ejecución de la condena y, por otra parte, porque el recurso de amparo perdería su finalidad.

(...) En el caso de Otegi y sus compañeros, a la luz de lo que es la realidad de la izquierda abertzale, que tiene su inicio en los hechos por los que se les condena (...) lo razonable es pensar que la suspensión de la condena no ocasiona una perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido. En caso contrario, convendría que se dijera cuál es la perturbación y cuál el interés protegido que se vería perturbado. Tampoco parece que se perturbarían los derechos fundamentales o libertades de otras personas. ¿Qué derechos y de quiénes?