Mientras la Ertzaintza abría el paso a la comitiva judicial para cambiar las cerraduras de la planta, los representantes de los 120 trabajadores de Troquelería del Norte (Troquenor) de Sondika no dejaban de repetir, sin poder contener la rabia y la impotencia, que «esta empresa tiene futuro bien gestionada, porque cuenta con una maquinaria moderna y tecnológica».

¿Qué es lo que ha pasado, entonces, para que se termine expulsando a los trabajadores? Pues, simplemente, que el último gestor de la planta, el empresario germano-portugués Mario Silva, no pudo enderezar el rumbo de la compañía y adeudaba 250.000 euros por el alquiler del pabellón, lo que motivaba una orden de desahucio por parte de su propietario. Pero se da la circunstancia de que es precisamente este último, Jatsu Giménez Bretón, el que la había dirigido en los últimos años, «con una pésima gestión», según los trabajadores, por lo que lamentan que se haya quedado con la empresa «quien nos ha llevado a la ruina». Además, no entienden que el desahucio se haya producido por esa deuda cuando la familia Bretón debe 7 millones al Gobierno de Lakua, 3,6 millones a la Diputación y otros 7 millones a la Seguridad Social.

Tampoco entienden que se haya desalojado a los trabajadores de una empresa sin haber sido despedidos previamente, algo que consideran como «el primer caso de la historia». En este sentido, muestran su decepción con las administraciones públicas vascas porque «no han sido capaces de parar esta situación», y preguntan al Gobierno de Gasteiz si es ésta su política industrial. «¿Qué tipo de país se construye expulsando a trabajadores honrados de sus puestos de trabajo para beneficio exclusivo de empresarios corruptos?», volvían a preguntarse ayer.

Ahora, una vez ejecutado el desahucio y recuperado el control de las instalaciones, dedicadas a la fabricación de troqueles para el sector de la automoción, temen que sus propietarios intenten vender ese patrimonio. Algunas empresas ya estarían interesadas -Gestamp, Matrici o Batz-, y los trabajadores han pedido a Lakua que interceda para que la futura actividad se realice con la mano de obra de la plantilla actual. «La plantilla de Troquenor no se rinde y esa es la vía por la que se va a pelear», subrayan.

En la muralla humana que el pasado martes trató de impedir el desahucio se encontraban empleados de las empresas Incoesa y Alfus FCC de Bedia, que luchan también por el mantenimiento de sus puestos de trabajo. En el caso de Incoesa, la dirección les ha informado de su decisión de cerrar la planta de Bedia y de trasladar a sus 50 trabajadores a otras factorías de Extremadura y Soria, plantas que, según denuncian los trabajadores, se han creado «con los beneficios que han sacado de Bedia». El propietario, Higinio Arteta, reconoció a los trabajadores que ha invertido 20 millones de euros en dichas fábricas, mientras en la de Bedia «no ha invertido ni un euro».

Se da la circunstancia de que Arteta fue presidente de la Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM) y que fue premiado en 2008 por su «trayectoria empresarial», motivo por el que los empleados preguntan a la patronal Cebek si es esta «su fórmula de proteger el tejido productivo vasco». También han pedido al Gobierno de Gasteiz su opinión sobre «esta deslocalización realizada por un empresario vasco».

A finales del pasado mes de mayo, los trabajadores de Incoesa denunciaron el «alzamiento de bienes» que se produjo en las instalaciones, pese a tratarse de «material necesario» para la continuidad de la sociedad, dedicada a la fabricación de transformadores eléctricos. Ante este hecho, LAB puso en evidencia que «no se pierde empleo ni tejido productivo por la crisis», sino que es «la avaricia» de la patronal la que «está empujando a este país al abismo».

Entretanto, los 64 trabajadores de Alfus FCC también están llevando a cabo turnos de 24 horas a la entrada de la factoría para impedir que los directivos traten de llevarse material de la empresa. Asimismo, exigen que queden sin efecto los 16 despidos planteados y que la dirección se siente a negociar el convenio, peticiones que llevaron a dos delegados de ELA y LAB a encerrarse en las instalaciones durante 22 días.

Un año de lucha en Inasa

La lucha por el mantenimiento de la actividad se prolonga ya por espacio de un año en la factoría de Inasa de Irurtzun, dedicada a la transformación de aluminio. Después de que la dirección liquidara la empresa y despidiera en agosto de 2012 a sus 155 trabajadores, el sindicato LAB, que se opuso a dicho planteamiento, ha trabajado duro para demostrar que el proyecto industrial de Inasa aún es posible, ya que se trata de una empresa «con producto y mercado». Y, según las últimas noticias conocidas ayer por la tarde, estos esfuerzos podrían dar sus frutos, ya que el grupo inversor interesado en la fábrica ha trasladado ya una propuesta formal a la dirección de la compañía.

Así lo ha hecho saber la asamblea de trabajadores, que señala que el grupo inversor que visitó Iruñea la semana pasada «se ha llevado una buena impresión» de la oportunidad de negocio y de la reunión con el Gobierno navarro, lo que «le ha animado a decidirse por la adquisición de la compañía».

Los trabajadores habían conseguido que el Juzgado de lo Mercantil de Iruñea ordenase el pasado día 12 la suspensión cautelar de la ejecución de la venta de maquinaria, con el fin de obtener un plazo de quince días para que la compañía interesada en la fábrica pudiera presentar su oferta.

La orden de paralización era vital porque el actual propietario, el grupo alemán de capital riesgo Baikap, ya había acordado la venta de las máquinas a una empresa británica, Bridgnorth Aluminium Limited, cuyos operarios se habían trasladado ya a la planta de Irurtzun para empezar a desmantelarla.

La asamblea calificó la paralización de una batalla ganada y la atribuyó a la «presión de los trabajadores y de los vecinos de Sakana», que se quedaron solos en la defensa de la actividad industrial. El propio Parlamento dijo que «no había nada que hacer».

Entretanto, los trabajadores se turnan a las puertas de la empresa para impedir la salida de material, lo que les ha causado más de un encontronazo con la Guardia Civil.

Perot: «deslocalización barata y rápida»

Otro de los casos en los que los trabajadores no han dudado en apostarse a las puertas de su fábrica para impedir los despidos y el traslado de la producción a otros países es el de Huyck Wangner (antigua Perot, en Zizurkil), dedicada a la producción de telas metálicas para la industria papelera y donde trabajan 81 personas.

La dirección alega que la maquinaria está «obsoleta», aunque es ella la responsable de que no se haya renovado, a pesar de que durante años ha ido dotando una provisión para su renovación, según desvelaron los trabajadores.

A su juicio, la dirección lo único que ha hecho ha sido «acogerse a la reforma laboral para llevar a cabo una «deslocalización más barata y más rápida». El próximo 9 de julio se celebrará en el TSJPV la vista para estudiar la demanda colectiva que solicita la nulidad del ERE, al tiempo que los trabajadores han presentado este mes demandas individuales en el Juzgado de lo Social de Donostia para exigir la nulidad de los despidos.

Total abandono en Virtisú

La lucha de los trabajadores por el mantenimiento de sus puestos de trabajo, incluso por el cuidado de la maquinaria, tiene su máximo exponente en la empresa Virtisú de Zalla, donde sus 105 trabajadores han llegado a pagar de su bolsillo el gasóleo de las bombas para achicar el agua que entra frecuentemente en la zona de máquinas, y todo ello pese a que llevan sin cobrar desde noviembre del año pasado.

Para denunciar la situación de abandono que padece esta empresa dedicada a la fabricación de papel tisú, los trabajadores han recorrido a pie esta misma semana la distancia que separa esta localidad de Enkarterriak y Gasteiz -85 kilómetros-, donde reclamaron al Ejecutivo que garantice su viabilidad y el mantenimiento del empleo.

Fuentes sindicales denuncian que los actuales propietarios de la planta, el grupo alicantino Jofel, que posee otra factoría en Catalunya, tiene un plan diseñado para «quedarse con los clientes, dejar la deuda en el concurso de Virtisú, dejar la plantilla en la calle y seguir produciendo como si no hubiese pasado nada».

También en este caso, la plantilla se queja del abandono de la Diputación de Bizkaia, que es propietaria de los terrenos y la maquinaria, tras la compra que realizó a finales del año 2006 por valor de 15 millones de euros. El pasado mes de marzo, las Juntas Generales instaron al departamento de Promoción Económica de la Diputación a que actuara con carácter urgente para el mantenimiento de la maquinaria y para dar solución al adeudamiento de los salarios, pero los trabajadores denuncian que la institución foral «no ha activado aún la maquinaria ni ha podido garantizar que las inversiones realizadas no se sigan deteriorando».