El consejero de Salud, Jon Darpón, dijo ayer que no descarta establecer medidas compensatorias para minimizar el efecto del copago sobre los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros, que, a partir del 1 de julio, deberán pagar un 10% por sus medicamentos. Cabe señalar que la norma fija en 8,14 euros mensuales el gasto máximo que tendrán que afrontar las personas que integran este colectivo, según se detalló el martes en una comparecencia en la que no se aludió a compensación alguna.

Darpón, interpelado por Blanca Roncal (PSE) durante el Pleno de Control del Parlamento de Gasteiz, anunció que el Gabinete jeltzale valorará durante los próximos meses el «impacto real» del polémico decreto sobre los pensionistas peor remunerados. Según publicaron los diarios del Grupo Vocento, podrían aportar 32 millones de euros anuales a las arcas autonómicas. Una cifra muy superior a los entre 16 y 20 millones a los que hizo referencia hace tan solo cuatro días el titular de Salud.

El dato aportado por Vocento está recogido en un informe elaborado por el anterior Gobierno autonómico, liderado por Patxi López. En el mismo se detalla que en caso de aplicarse el copago la CAV ingresaría al menos 34,3 millones de euros anuales. De esta cantidad, 31,9 millones de euros corresponderían a las personas jubiladas, y 2,4 millones a la población activa con rentas superiores a 18.000 euros. Al parecer, estos aportarían menos dinero por el aumento de los parados sin subsidio y de las personas beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos. Dos colectivos que, tal como figura en la norma, no deberán pagar por sus medicamentos.

No puede ser insumisa

Tras anunciar la posible aplicación de medidas compensatorias, que se pondrán en marcha solo si el Ejecutivo lo estima preciso, el consejero reiteró su oposición a la aplicación del copago en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. No obstante, señaló que las autoridades no pueden ser insumisas ante la decisión del Tribunal Constitucional español, que el pasado mes de julio suspendió un decreto elaborado por el PSE que tenía por objeto no aplicar el decreto del PP.

En cuanto a la puesta en marcha del sistema, Darpón defendió que el Departamento ha hecho las cosas «aceptablemente bien y sin demagogias».