El sindicato ELA reclama una consulta popular para reformar la fiscalidad
ELA propuso que se celebre una consulta sobre la reforma de la fiscalidad y planteó que también se pregunte si estamos dispuestos a que sea el Parlamento de Gasteiz el competente en esta materia y a que se introduzcan cambios para llegar a la presión fiscal media europea.
GARA |
La idea la lanzó el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, quien presentó ayer las propuestas del sindicato al debate sobre la fiscalidad. Indicó que, con este motivo, ELA se ha reunido ya con PNV y Bildu para hablar sobre este asunto.
En la comparecencia, Muñoz criticó tanto la forma como el fondo de las reformas que se negocian; por una parte, considera que se debe «democratizar» el debate sobre la fiscalidad, ya que «lo siguen llevando las élites de los partidos, que siguen estando al servicio de la patronal». De ahí su propuesta de consultar las reformas fiscales en un referéndum. ELA dijo ser consciente de la dificultad de convocar una consulta sobre este asunto, puesto que la fiscalidad está fuera de los temas que se pueden promover en referéndum mediante una iniciativa legislativa popular, a su juicio una prueba más de que el tema está «en manos de las élites».
Respecto al fondo, este sindicato considera que son necesarios «cambios profundos» en la fiscalidad que permitan conseguir un importante aumento de la recaudación con el que mantener los servicios sociales.
Las propuestas que manejan los partidos no tendrán apenas efecto recaudatorio, opinó Muñoz. «Es cambiar para que nada cambie», sentenció.
8 puntos por debajo de la UE
Según el análisis de ELA, la presión fiscal de la CAV es ocho puntos inferior a la del conjunto de la Unión Europea. En el 2011 la UE destinó 38,8 euros, de cada cien generados, al pago de impuestos y cotizaciones, mientras en la CAV fueron 30,8.
Con la misma presión fiscal que la UE, en la comunidad autonómica se tendrían que haber recaudado 5.295 millones más.
ELA propuso aumentar el impuesto de sociedades al 35%, inspeccionar todas las rentas no salariales en un plazo máximo de cinco años, bajar el tipo del IRPF para las rentas más bajas y subirlo para las más altas y eliminar la tributación «privilegiada» de las rentas del capital.