El globo inflado por autoridades, medios y grupos ultras españoles con las detenciones de Jokin Aranalde y Beñat Atorrasagasti el lunes en Lapurdi pierde aire por el momento. El Tribunal de Pau se limitó ayer a comunicarles sendas euroórdenes presentadas por las autoridades españolas, y posteriormente los dejó libres a la espera del proceso judicial.

Se les imponen algunas medidas de control judicial, pero no se les envía a prisión. El Tribunal de Apelación de Pau dictaminó que los dos arrestados disponen de «garantías suficientes de representación».

La vista queda fijada de momento para el martes 9 de julio. A los dos se les imputan acusaciones relacionadas con ETA. Según fuentes judiciales españolas, en el caso de Aranalde son diferentes a las que se le achacaban cuando fue detenido por la Guardia Civil en 2002, tras lo que quedó en libertad, mientras que en el de Atorrasagasti se añadirían a las que motivaron una condena reciente de tres años de cárcel, que no conllevó ingreso en prisión porque ya había agotado la parte correspondiente de la pena.

Aranalde, natural de Ibarra, y Atorrasagasti, de Lesaka, recibieron ayer el calor de decenas de personas que se desplazaron a la capital de Béarne. El primero, nacido en 1946, fue capturado en Heleta. El segundo, nacido en 1978, en Urruña.

La operación fue desatada por la Gendarmería después de que el Gobierno español reclamara públicamente algún tipo de represalia por el acto de masas llevado a cabo por el Colectivo de Refugiados Políticos Vascos (EIPK) el 15 de junio en Biarritz. Ha sido interpretado en esa clave por todos los medios y agentes. Se da la circunstancia de que algunos de esos mismos medios defendieron el día después del acto que los refugiados que allí aparecieron -entre ellos Aranalde- no tenían causas judiciales pendientes.

Respuesta ciudadana

En Ibarra decenas de personas denunciaron ayer el arresto de los dos ciudadanos vascos. Tal como lamentaron los congregados, que han convocado una manifestación para las siete y media de esta tarde, los estados español y francés tratan de entorpecer el proceso abierto en Euskal Herria con nuevas acciones represivas.

Unas acciones a las que suman las prohibiciones, como la dictada por un tribunal de Donostia contra una kalejira solidaria prevista en Arrasate. En respuesta a este veto, 350 personas participaron ayer en una manifestación convocada para denunciar la decisión judicial y, de paso, recordar a los presos.