La Consejería de Seguridad de Estefanía Beltrán de Herria afirma en una respuesta parlamentaria que la Ertzaintza destruyó las grabaciones de los interrogatorios a varios detenidos entre finales de enero y primeros de febrero de 2010 porque en los tres meses posteriores a su paso por comisaría «no había constancia oficial alguna en el Departamento de Interior de denuncias de malos tratos». Además, asegura que las grabaciones quedan «en custodia indefinida» si «pueden formar parte de un sumario judicial». Se da el caso de que antes del paso de los tres meses, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, se había querellado judicialmente contra quienes públicamente denunciaron torturas. Es decir, había conocimiento oficial de la existencia de denuncias y había un sumario judicial en el que las grabaciones de los interrogatorios podían ser necesarias.

A raíz de la reciente detención de Urtza Alkorta en Ondarroa para que cumpliera la mitad de la pena que le resta, y dado que en la condena tuvo relevancia la declaración obtenida en comisaría en 201o existiendo denuncias de torturas que llevaron a varios de los detenidos a ser atendidos médicamente, EH Bildu preguntó a Seguridad por las grabaciones en vídeo de aquellos interrogatorios.

La consejera Estefanía Beltrán de Heredia ha confirmado que «las grabaciones se destruyeron, y así se ha trasladado de manera reiterada a los diferentes requerimientos judiciales de operadores de derechos humanos e institucionales».

Pero a partir de ahí, aparecen las contradicciones. Según la consejera, hay una instrucción policial interna que garantiza la conservación de las grabaciones durante tres meses, siendo posteriormente destruidas.

En primer lugar es preciso aclarar que la instrucción no determina que a los tres meses se destruyan, sino que garantiza su conservación «bajo custodia, durante, al menos, tres meses». Después, se regraban.

También especifica, como afirma la consejera, que no se borrarán si «puedan formar pate de un sumario judicial o tramitación administrativa por Ley de Seguridad Ciudadana». En ese caso, «quedarán en custodia indefinida a disposición del juzgado o del órgano instructor competente».

Petición del Ararteko

Cuando antes de que finalizara el plazo de tres meses el Ararteko pidió ver las grabaciones, el Departamento de Rodolfo Ares se lo negó. Según señala Estefanía Beltrán de Heredia, «el Departamento no permitió el visionado, por existir diligencias previas judiciales». Pero admite que, «no obstante, no se transmitieron a la Ertzaintza las instrucciones para preservar las grabaciones para un visionado posterior».

Cuando más adelante se le pregunta a la consejera por qué se destruyeron las grabaciones sabiendo que existían denuncias de malos tratos, Estefanía Beltrán de Heredia responde que «hasta el momento de proceder a la destrucción de las grabaciones, después de los preceptivos tres meses, no había constancia oficial alguna en el Departamento de Interior de denuncias de malos tratos».

Este argumento resulta difícilmente admisible como cierto. El 8 de febrero se hizo pública la denuncia de torturas. Esta denuncia tuvo la relevancia suficiente para que al día siguiente el PP presentara una proposición no de ley en el Parlamento de Gasteiz instando a querellarse contra los denunciantes. Dicha proposición fue remitida al Gobierno el 18 de febrero, para su conocimiento. El debate se produjo en la Cámara el 22 de abril y al día siguiente, 23, el consejero, Rodolfo Ares, formalizó la querella en el juzgado. Es decir, en el plazo de los tres meses el Gobierno conocía perfectamente la existencia de las denuncias públicas.

Por las trabas que pusieron Instituciones Penitenciarias y la Audiencia Nacional para el contacto entre abogados y presos, las denuncias judiciales no pudieron sustanciarse hasta primeros de mayo. Pero cabe señalar que existe ya un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Durango, de fecha 5 de mayo, pidiendo las grabaciones de los interrogatorios a Urtza Alkorta. Los últimos detenidos por esta operación dejaron de estar en manos de la Ertzaintza el 2 de febrero. Tres meses y tres días. Si hubiera tenido las grabaciones, la Ertzaintza podía haberlas mantenido.