En enero de 2010 la Ertzaintza llevó a cabo en Ondarroa una redada que se saldó con la detención de nueve personas, algunas de las cuales interpusieron sendas denuncias por torturas contra la Policía autonómica. Entre ellas se encontraba Urtza Alkorta, arrestada de nuevo hace unas semanas para acabar de cumplir la condena que le fue impuesta. En su relato, la vecina de la localidad costera explicó que fue obligada a permanecer en posturas forzadas hasta el punto de tener que ser examinada en un hospital, y que no le permitieron dormir durante los días que estuvo incomunicada. El testimonio del resto de detenidos refirió golpes en la cabeza, presiones, amenazas y la ingesta de una especie de pasta alucinógena.

La respuesta del consejero de Interior, Rodolfo Ares, ante estas denuncias no se hizo esperar: se querelló contra el abogado Alfonso Zenon, acusándole de faltar a la verdad. Ocurre, sin embargo, que las pruebas que podrían determinar la veracidad de las acusaciones no existen, ya que, según ha confirmado ahora la titular de Seguridad, las grabaciones de los interrogatorios fueron destruidas. Arguye Estefanía Beltrán de Heredia, para justificar la actuación de su predecesor, que habían transcurrido tres meses sin que constara ninguna denuncia judicial, un argumento insólito por la gravedad de los hechos denunciados y que, además, se contradice con la secuencia real de lo acontecido.

Los familiares y el abogado de los detenidos denunciaron el maltrato pocos días después de la redada; el Ararteko pidió los videos a las pocas semanas; el consejero de Interior se querelló contra el letrado antes de que se cumplieran tres meses de la operación policial. Y aun así, ¿decidieron destruir las grabaciones? Si esta versión es cierta, alguien debería dar una explicación, porque quien ordenó el borrado conocía las implicaciones de su decisión. Y si no es cierta, ¿cuál es la verdad? Lo que no es creíble, ni admisible, es la contradictoria e insostenible respuesta de la consejera.