Los comités de los astilleros privados de La Naval, Zamakona, Murueta, Pasaia y Balenciaga afectados por el expediente abierto por la Comisión Europea sobre el «tax lease» denunciaron que «tenemos de nuevo sobre nuestras cabezas la espada de Damocles» que «pone en cuestión el futuro de los trabajadores de los astilleros».

Pidieron de forma directa la dimisión del comisario europeo Joaquín Almunia, al que no descartan denunciar por vía judicial, y del ministro español de Industria, José Manuel Soria, «desaparecido hasta la fecha». A la vez, denunciaron la «pasividad» del Gobierno de Gasteiz.

A las puertas del astillero de La Naval, los miembros del comité comparecieron acompañados de los trabajadores. Estos mostraron la necesidad de radicalizar las protestas en caso de que la Unión Europea no dé marcha atrás al expediente y obligue a devolver las ayudas.

300 millones

Según los datos que se manejan, el astillero de La Naval, propiedad de Construcciones Navales del Norte (CNN), tendría que hacer frente a 300 millones, mientras que la cuantía para el resto de astilleros vascos sería bastante inferior. CNN está en estos momentos negociando el contrato de, al menos, un gasero, con el apoyo de otra empresa vasca de bienes de equipo. Por lo que si la amenaza europea sobre las ayudas sigue adelante, como expresó Joaquín Almunia, la carga de trabajo sería «imposible de llevar adelante».

El portavoz de los cinco astilleros, Txema Belón, representante del sindicato UGT, explicó que cualquier tipo de devolución de las ayudas, bien sea por parte de los estructuradores financieros, de los armadores o de los astilleros, supondría «la muerte súbita del sector de construcción naval», que, según recordó, genera miles de puestos de trabajo.

Entre los cinco astilleros vascos podrían estar en riesgo entre 3.500 y 4.000 empleos y, solo en la Naval, 340 directos y 1.500 indirectos. El portavoz sindical admitió la aclaración que realizó el comisario Almunia, porque la devolución de esos fondos no se exigen a los astilleros, «sino a los armadores y a los inversores».

Belón añadió, sin embargo, que, sería igual, porque «los armadores y los inversores perderían la confianza y credibilidad en el sector naval español». Ante el anuncio del lehendakari, Iñigo Urkullu, de que prepara junto a Galicia y Asturias un plan para hacer frente a la devolución de las «tax lease», los representantes de los trabajadores admitieron que «podría ser positivo», pero recordaron que llevan dos años con esa demanda «sin que nadie haya buscado una solución».

De todas maneras, a lo que Urkullu calificó de plan de choque, su consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, se refirió a la entrada de la asamblea del Foro Marítimo Vasco diciendo que espera que «se puedan reunir la próxima semana el Ministerio de Industria y las comunidades afectadas por la propuesta de resolución sobre el tax lease para tratar de paliar la bochornosa actuación de Almunia y evitar la devolución de las ayudas». A juicio de Tapia, supondría «un torpedo a la línea de flotación del sector naval» y «la muerte de todos nuestros astilleros».

La realidad es que los astilleros vascos actuales son una caricatura de la potencia que fue la costa vasca en construcción naval en el último cuarto del siglo pasado. Los astilleros públicos cerraron a golpe de talonario y otros se privatizaron, como es el caso de La Naval, que emplea a una cuarta parte de los trabajadores que tenía hace tan solo seis años.

Salida francesa

Por otra parte, Luis María Cañada, presidente del Foro Marítimo Vasco, afirmó al inicio de la XVI Asamblea General que «la solución a la situación pasa por que Almunia retire la propuesta que ha realizado» mientras que el presidente de la Agrupación de la Industria Auxiliar (Adimde), Jorge Zubiaga, precisó que piden «el mismo trato que tuvieron los franceses a los que, después de seis años, se les condenó, pero no tuvieron que devolver el dinero, por causas de seguridad jurídica».