El acuerdo que la semana pasada no fue posible, ha llegado en vísperas de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Posiblemente no tenga ningún tema con algo más de enjundia que el de los rescates bancarios y el del fondo para el plan de empleo juvenil. Da la impresión que en el resto de asuntos todo el pescado está vendido de antemano, por mucho pacto que hayan firmado en Madrid para defender una posición común sobre los estímulos y demás. La agenda económica no parece estar en revisión; algún cambio cosmético, todo lo más. Y es que hasta lo aprobado en relación con los rescates de los bancos es coherente con la actual política económica.

Lo que se ha publicado sobre el acuerdo, a falta de conocer el texto definitivo de la directiva, da a entender que los rescates bancarios serán, en primer lugar, un problema del propio banco que para empezar tendrá que mermar en un 8% su tamaño. El primer paso será por lo tanto reducir los compromisos que tiene el banco, es decir, repartir sus pérdidas entre sus dueños y acreedores siguiendo el siguiente orden: primero se endosarán las pérdidas a los accionistas; a continuación a los que tienen títulos híbridos, mezcla entre acción y deuda cuyo representante más conocido son las preferentes; posteriormente se aplicarán quitas a los títulos de deuda para finalizar con los depósitos de más de 100.000 euros de las empresas primero, y de las pymes y particulares después.

A partir de ahí, el rescate de un banco se convierte en un problema de cada estado puesto que cada uno de ellos tiene que organizar un fondo de resolución que se nutrirá de las aportaciones de los bancos de cada país. Las aportaciones serán graduales hasta alcanzar al cabo de 10 años el 0,8% del saldo total de los depósitos protegidos. Este nuevo fondo se utilizará para rescatar al banco con problemas con un nuevo límite: hasta un máximo de un 5% del pasivo del banco. En el caso de que el dinero de este fondo de resolución no sea suficiente para cubrir ese 5%, se puede recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que podrá prestar dinero no al banco, sino al estado correspondiente que a su vez se lo prestará al banco en apuros. Este préstamo del MEDE cuenta como deuda pública y además, entre otras condiciones, requiere la aprobación del Eurogrupo, así como que el estado en cuestión firme un Memorando de Entendimiento, etc. Además, la cantidad estará limitada a 60.000 millones de euros.

Este es a grandes rasgos el mecanismo que han acordado los ministros de economía y finanzas para el rescate de bancos en dificultades. Por mucho que se hable de acuerdo europeo, en esencia se trata de un sistema que se sustenta en cada estado miembro, puesto que son éstos los responsable de verificar que son los dueños de los bancos los que se hacen cargo de las pérdidas y los encargados de gestionar el fondo de resolución, creado a tal efecto con las aporta- ciones de los bancos de cada estado. Incluso la participación de Europa por medio del MEDE se efectuará a través del estado. De esta forma, las ponencias europeas quieren dejar toda la responsabilidad sobre el sistema bancario sobre los estados miembros y para ello necesitan que se encarguen no solamente de verificar su funcionamiento cuando las cosas van bien, sino también de gestionar sus rescates en caso de necesidad. Se acabó aquello de hacer en casa de cada uno lo que al dueño le da la gana para después llamar al primo de Zumosol cuando la cosa se pone fea; y si se le llama, vendrá pero después de haber empezado a poner orden.

La otra cuestión a subrayar de este sistema de rescate bancario es el tema de los depósitos. Hasta Chipre no se tocaban, atendiendo a su especial naturaleza, pero visto lo visto durante el rescate de ese país, urgía dar una respuesta al tema de la protección de los depósitos en los bancos. Han optado por una solución intermedia manteniendo la protección hasta los 100.000 euros y eliminándola a partir de esa cifra, sin aclarar muy bien cual puede ser la quita que pueden sufrir. La primera consecuencia de esta medida y la más clara es que puede producirse un trasvase de los grandes depósitos de los emplazamientos con más riesgo hacia otros que se consideren más seguros, es decir, de bancos con poco prestigio y en dificultades hacia otros que se valoran como más solventes. De la misma manera se puede generar un trasvase del ahorro desde la periferia de Europa hacia los países del centro, considerados en general más seguros. Esta migración del dinero, para la que no existen fronteras, complicará todavía más la situación de los bancos y de las economías de la periferia, porque sobre el ahorro que se coloca en los bancos, éstos dan después los créditos; y si no hay depósitos, seguirá sin haber crédito y, en consecuencia, tampoco habrá inversiones. Lo peor de todo es que los países de la periferia de Europa estarán financiado con su ahorro las inversiones de los países del centro.

Además, se puede dar otro tipo de efectos secundarios puesto que en función de cómo se regule el tema se irán poniendo en marcha estrategias dirigidas a intentar minimizar las posibles pérdidas. Pueden ser tan sencillas como dividir los depósitos y colocarlos en diferentes bancos de manera que ninguno supere los 100.000 euros; o pueden llegar a ser mucho más complejas. El tiempo lo dirá.

En cualquier caso, creo que detrás de esta medida subyace otra cuestión relacionada con la política económica. Los depósitos bancarios se han considerado tradicionalmente una forma de guardar los ahorros más que una forma de inversión y han sido las clases populares las que más han utilizados este instrumento de ahorro que no requiere apenas conocimientos financieros. Los intereses que pagaban los bancos por los depósitos básicamente servían para proteger parcialmente los ahorros del continuo aumento de precios y poco más. Es verdad que los ahorros de la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras no llegará al límite que han definido y que por ese lado esta nueva medida no va a suponer un gran cambio.

Esta medida tiene otro efecto relacionado con la política de austeridad y devaluación interna que estamos padeciendo. Como consecuencia de esa política en este momento el valor de toda las inversiones está cayendo: el precio de las viviendas, el precio de las acciones, etc. Y las que no caen tienen un gran riesgo con lo que la probabilidad de convertirse en pérdidas en cualquier momento es muy grande. Resulta que en una situación de devaluación interna donde todas las posibles inversiones pierden valor o son muy arriesgadas, la mejor manera de ahorrar es mantener el dinero líquido, en un depósito, por ejemplo. Aunque no se reciban intereses, se pierde lo que se pierde por el aumento de precios, no más. Y si la mayoría de los precios caen, no se pierde sino que se está ganando sin hacer nada. Es por ello que hemos oído que ha habido colocaciones de deuda a corto plazo con intereses negativos; al final algunas personas estaban pagando por mantener su dinero líquido porque cualquier otra inversión les parecía peor.

Con su política de austeridad han dado más valor al dinero contante y sonante, pero esa misma política impulsa a los poseedores de dinero líquido a mantenerlo líquido y no invertirlo en ninguna parte, contribuyendo de esta forma a la parálisis general de la economía. Ello viene a demostrar una vez más que estas políticas de austeridad están diseñadas pensando en aquellas personas que viven de las rentas y no en aquellas que viven de la actividad productiva. Y todo parece indicar que al limitar la protección a los grandes depósitos pretenden movilizar esos recursos ociosos, lo que significa claramente, por si alguien tenía alguna duda, que continuarán con la actual política económica de devaluación interna.