La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales, Berri-Otxoak, se concentró ayer ante la sede oficial del departamento de Acción Social para denunciar «que incumple y recorta la legislación del Gobierno vasco en cuanto a las Ayudas de Emergencia Social». Ante las puertas de esa dependencia municipal, Iñigo Melchor, miembro del colectivo social, aseguró que «ha puesto normas y requisitos más restrictivos en base a un decreto de Alcaldía. Limita su percepción, porque ha establecido el patrimonio de las personas en 8.000 euros, que no figura en la norma superior».

Berri-Otxoak criticó esa medida restrictiva «más aún en un equipo de Gobierno que se autodenomina socialista. A la hora de la verdad, lo que hace es imponer más recortes». Además, Melchor denunció que ha hecho «más recortes» en los casos que el Ayuntamiento tiene potestad para hacerlo, como ocurre con «el tema de ayudas para equipar viviendas, gastos de endeudamiento y necesidades primarias. Ha recortado ayudas para alimentación en situaciones más precarias».

Berri-Otxoak considera que «estos recortes afectarán más al colectivo de los pensionistas, que tienen bajos salarios».

Mari Ángeles De Miguel López, afectada directa por los recortes, explicó que «soy pensionista con bajo salario y un suplemento de Renta de Garantía de Ingreso (RGI)». Según dijo, le han negado ya en dos años las ayudas de emergencia social «por tener una herencia de una parte de un piso, cuya parte más pequeña es mía. Supero los 8.000 euros, pero no la puedo utilizar». Tiene un hijo de 26 años en paro.

El año pasado le rechazaron la petición, pero advierte de que «si se aplicara la legislación del Gobierno vasco percibiría esa ayuda de emergencia». Este año «se quitó esa ley» y «me han rechazado la propuesta, a pesar de que ha cambiado». La afectada lamenta esa «injusticia total». «Si la ley ha cambiado, tendría que tener derecho a esa ayuda que a mí me hace mucha falta porque ingreso poco por la pensión». La noticia tuvo trascendencia. El Ayuntamiento negó esos recortes al margen de la legislación del Gobierno de Gasteiz, pero el colectivo Berri-Otxoak confirmó todos los extremos de la denuncia contra el equipo de Gobierno del PSE.

Berri-Otxoak explica que «el principal recorte viene motivado por el ahorro/patrimonio máximo del que puede disponer una familia para recibir esas ayudas». El equipo de Gobierno de Barakaldo lo establece en 8.000 euros, pero «el Gobierno vasco dio marcha atrás a esa normativa anterior de la exconsejera Gemma Zabaleta y establece el máximo en cuatro veces la cuantía anual de la Renta de Garantía de Ingresos: entre 30.000 y 45.500 euros, según sea una familia monoparental, pensionista o con menores a su caro». Otro recorte, como confirmó ese colectivo, se debe al acceso «a una ayuda de emergencia cuado se dispone de patrimonio compartido, pero que no se puede hacer uso por ser usufructuario». Barakaldo lo ha eliminado aunque la familia le sea imposible de disponer.