El pulso entre el Gobierno español y Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear de Garoña, podría alargarse durante meses. Ayer el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, rebajó las expectativas generadas el viernes por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, anunció que el PP modificará el reglamento sobre instalaciones nucleares para que la empresa -participada al 50% por Endesa e Iberdrola- pueda renovar su licencia de explotación transcurrido un año de la declaración de su cese.

En una entrevista concedida a la agencia Efe, José Manuel Soria, matizó que la citada propuesta, recogida en el borrador del Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radioactivos, no alterará los impuestos fijados en la reforma energética de diciembre, principal escoyo advertido por Nuclenor, que, si quisiera poner en marcha Garoña debería pagar 169 millones de euros a Madrid. Una cantidad a la que se deben sumar otros 100 millones relacionados con las mejoras en seguridad exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Así las cosas, el ministro auguró que la reforma normativa esgrimida por Sáenz de Santamaría no afectará de «manera singular» al futuro de la planta burgalesa, que permanece inactiva desde el pasado mes de diciembre. «Tendremos los próximos meses para determinarlo, pero va a depender mucho de las condiciones económicas que ese cese definitivo pueda convertirse en una apertura», añadió Soria.

Para evitar un nuevo giro que facilite la continuidad de Garoña, EH Bildu exigió ayer que se inicie «cuanto antes» el desmantelamiento de la central. Xabier Mikel Errekondo, diputado de Amaiur, apostó por constituir una Comisión Interinstitucional para vigilar este proceso. «No nos fiamos y tenemos motivos, sobradamente suficientes, para no hacerlo», destacó.

Por otro lado, en una tertulia radiofónica, María Eugenia Arrizabalaga (PNV) señaló que lo acontecido en la central «es una tomadura de pelo a toda la ciudadanía». En este sentido, Txarli Prieto (PSE) destacó que la situación de Garoña es fruto de una «cadena de despropósitos y mentiras en la que el Gobierno del PP se arrastra y humilla ante Nuclenor».

En respuesta a estas palabras, Laura Garrido, parlamentaria del PP en Gasteiz, que defendió la energía nuclear, criticó al PSOE por no haber cerrado la planta durante el mandato de de José Luis Rodríguez Zapatero. «Cuando ha tenido responsabilidades del Gobierno, el PSOE ha prolongado las vidas útiles de las centrales, y ha implantado e impulsado las centrales que están en España», recordó.

Medidas legales

Desde los movimientos sociales, el portavoz de Araba Sin Garoña, Alberto Frías, anunció que la plataforma a la que representa está estudiando emprender medidas legales contra el Gabinete de Mariano Rajoy por entender que el mismo incurre en un presunto delito de prevaricación. Tal y como relató, su objetivo «no es pasearnos por las calles, sino hacer algo efectivo para conseguir el cierre de Garoña, para lo que habrá que buscar medidas más eficaces».