Hay una tendencia generalizada a garantizar el acceso al aborto, pues se entiende que su práctica salva vidas y protege los derechos de las mujeres. Por eso, lugares que permitían el aborto en determinadas circunstancias, como el Estado español y la Ciudad de México, o países que como Uruguay lo tenían penalizado totalmente, decidieron legalizarlo para aquellos casos en los que la mujer lo solicite, con ciertos límites temporales.

Esta tendencia se presenta igualmente en Asia y África, donde varios estados lo avalan en cualquier circunstancia con restricciones de tiempo o de otro tipo, como por ejemplo Sudáfrica, Nepal o Singapur.

En otros países de estos dos continentes, así como en varios de América del Sur, el aborto se permite en ciertas circunstancias: riesgo para la salud (incluida la mental) o violación, como sucede en Colombia y Argentina.

Desafortunadamente también se han presentado retrocesos. Nicaragua, República Dominicana y El Salvador pasaron de permitir el aborto en casos de riesgo para la vida o salud de las mujeres a prohibirlo absolutamente. De esta forma, entraron a formar parte del minoritario grupo de países del mundo que obliga a las mujeres a perder su vida o a irse a la cárcel por intentar salvarla.

Los estados que prohíben totalmente el aborto como una medida para proteger la vida del no nacido olvidan que antes que tener una persona en potencia, son garantes de los derechos de personas ya formadas y con un proyecto de vida: las mujeres. Un compromiso real con sus derechos humanos requiere asegurar el acceso a los servicios de aborto en los países donde es legal, y revisar las legislaciones donde se penaliza totalmente.