Según demuestran cuatro sentencias judiciales referidas a dos casos de torturas y otros tantos de guerra sucia, sucedidos entre agosto de 1983 y febrero de 1984, ciertos guardias civiles y policías se dedicaron al mismo tiempo a torturar en cuarteles y comisarías españoles y a ejecutar acciones de guerra sucia que incluían también la tortura.

En lo que respecta a la Guardia Civil, Galindo y varios de sus hombres de máxima confianza en el cuartel de Intxaurrondo fueron condenados por la que se considera primera acción de los GAL, el secuestro en Baiona, en octubre de 1983, de los refugiados tolosarras Josean Lasa y Joxi Zabala. Ambos fueron después torturados, asesinados y enterrados en cal viva, y dos de los agentes condenados por ello, Enrique Dorado y Felipe Bayo, también lo fueron por torturar dos meses antes a Jokin Olano.

Por otra parte, la plana mayor de la Policía de Bilbo y algunos de sus agentes fueron condenados por secuestrar en Hendaia, en diciembre de 1983, al ciudadano francés Segundo Marey. Se trató de un error, ya que su objetivo era un refugiado que hubiese tenido el mismo horrible final que Lasa y Zabala. Fue la primera acción reivindicada por las siglas GAL y uno de los condenados por ello, el jefe de la Brigada Regional de Información de Bizkaia, Julio Hierro, fue asimismo condenado por torturar dos meses después personalmente a Jose Ramon Quintana y Kepa Otero.

Por lo tanto, quedó judicialmente probado, en dos sentencias, que los hombres de Galindo secuestraron a Lasa y Zabala dos meses después de torturar a Jokin Olano. Y en otras dos sentencias, que Julio Hierro participó en el secuestro de Marey, al que sometieron a torturas hasta que se dieron cuenta que nada tenía que ver con ETA, dos meses antes de torturar a Otero y Quintana.

La (in)Justicia española arguyó que no había pruebas de que hubiesen sido torturados ni Marey, ni Lasa y Zabala, pese a ser obvio que lo fueron. Y tampoco ha querido saber nunca nada de la relación entre tortura y guerra sucia, aunque también haya dispuesto de sobradas evidencias de que los mismos agentes que se dedicaban a torturar en comisarías y cuarteles de la Guardia Civil practicaban al mismo tiempo la guerra sucia.

Otro de esos agentes que compaginó tortura y guerra sucia fue al parecer el Inspector Jefe de la Policía Leo Castro, que ha vuelto a dar de qué hablar, porque el Ministerio del Interior no ha hecho efectiva una sentencia por torturas dictada contra él hace más de 16 años, que acarreaba la inmediata pérdida de su condición de funcionario de Policía.

La Audiencia de Bizkaia dictó dicha sentencia en enero de 1997, considerándolo autor material de las torturas infligidas en abril de 1982 a Ana Ereño, conocida militante feminista, e Interior no ha dado explicación alguna que justifique esa extraordinaria tardanza en aplicarla.

¿No será que ha dejado pasar 16 largos años, hasta que Leo Castro ha alcanzado la edad de jubilación, por miedo a que, de no hacerlo, este pudiera revelar no pocos detalles sobre el terrorismo de Estado? En concreto, sobre lo que se afirmaba en el artículo «El inspector Leoncio Castro era el jefe de operaciones del GAL», publicado por el diario «El Mundo» el 10 de octubre de 1995.

En el mencionado artículo del periodista Fernando Múgica, se decía que era él quien dirigía la trama navarra de los GAL cuando se produjeron los 27 asesinatos reivindicados utilizando aquellas siglas, y que pagaba «a policías de Pamplona que viajaban al sur de Francia para marcar etarras. Ayudaba mucho la colaboración, pagada también con fondos reservados, de policías franceses».

Según Múgica, todo ello se realizaba «con el conocimiento y el apoyo económico de la Delegación del Gobierno, encabezada por Luis Roldán» que transmitía las informaciones al Ministerio del Interior donde «se daba la luz verde para los atentados y se enviaban los fondos reservados necesarios para cada operación, aproximadamente 20 millones de pesetas».

Recuérdese que muchos de esos millones acabaron en los bolsillos de Roldán, que se fugó en abril de 1994 y permaneció prófugo hasta que se entregó un año después en Bangkok. Hace tiempo que salió de prisión a disfrutar de aquellos millones.

Fernando Múgica aseguró en su artículo que Leo Castro «era muy amigo de Roldán», y que este le condecoró más tarde con la Cruz con distintivo Rojo al Mérito de la Guardia Civil, una medalla con derecho a pensión vitalicia. Y por si la medalla pensiona- da fuera poco, encima ha seguido siendo funcionario de Policía hasta jubilarse, a pesar de haber sido condenado en firme hace muchos años a una pena que debería haber acarreado su inmediata expulsión del Cuerpo.

Leo Castro no fue, además, el único condenado por torturar a Ana Ereño que estuvo directamente implicado en la guerra sucia y ha gozado de privilegios muy sospechosos. Otro de los condenados fue Julio Hierro, del que he hablado antes y que, pese a ser doblemente reincidente, fue indultado no solo en ese caso, sino también en el del secuestro de Segundo Marey.

En esos dos casos de terrorismo de Estado, al menos se clarificaron ciertos extremos sobre sus ejecutores directos, aunque muchos otros sigan siendo desconocidos. En la inmensa mayoría de los casos, ni eso, porque las autoridades españolas bien que se han encargado de impedirlo, otorgando una flagrante impunidad a dichos ejecutores. Por la cuenta que les trae.

Por eso es tan necesario un mecanismo independiente de averiguación de la verdad que ayude a las víctimas del terrorismo de Estado a que puedan decir toda su verdad y allane el camino para que todas ellas reciban la verdad, justicia y reparación, con garantía de no repetición, que tanto necesitan y se merecen.