Presos y derechos humanos en el Estado español
Más presos por la «Doctrina Parot» que cuando hace un año se pronunció el TEDH
Hace hoy un año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió por unanimidad condenar al Estado español a indemnizar y liberar a la presa Inés del Río cuanto antes por haberle aplicado la llamada «Doctrina Parot». Las autoridades españolas no solo se negaron a cumplir la sentencia y la recurrieron, sino que en la actualidad hay más presos y presas que hace un año en la cárcel por la prolongación de sus penas.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
En estos momentos hay más presos y presas cumpliendo en la cárcel el alargamiento de la condena impuesta por la llamada «Doctrina Parot» (STS 197/2006), que cuando hace un año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo calificó su aplicación en el caso de Inés del Río como contraria a las convenciones europeas.
La Corte Europea decidió por unanimidad que «España debe garantizar la puesta en libertad de la demandante a la mayor brevedad posible». Al mismo tiempo, condenó al Estado español a pagar a la tafallesa 30.000 euros en concepto de daños morales y 1.500 euros en concepto de costas y gastos. El TEDH consideró contrario a derecho que a una persona presa se le añadiera de manera retroactiva una condena más dura que la aplicable cuando estas personas fueron juzgadas.
Desde un principio, las autoridades españolas mostraron un enorme enfado por la sentencia condenatoria, y de inmediato fijaron la decisión de recurrirla y no cumplirla en ningún caso hasta que fuera firme. El ministro de Interior, Jorge Fernández, incluso ha llegado a anunciar en este tiempo que podrían encontrarse fórmulas para sortear la confirmación de la condena.
Cuando el 10 de julio del pasado año el TEDH falló en favor de Inés del Río, había otras 52 personas presas en el Estado español en sus mismas condiciones. Es decir, haber padecido un alargamiento de sus condenas hasta en otros 12 años de cárcel después de tener ya fijada una fecha para el cumplimiento de la pena y su excarcelación. Además, otros 14 presos y presas habían sido afectadas por la «STS 197/2002», pero en esos casos la prolongación del encarcelamiento se había producido antes de tener una fecha de salida. En total, por tanto -según datos de Etxerat del informe julio-agosto de 2012-, eran 67 las personas encarceladas afectadas por la «Doctrina Parot».
Después de que la Corte de Estrasburgo fallara sobre la ilegitimidad de este tipo de actuaciones, el número de personas presas no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado. En la actualidad son 70 las personas que sufren en prisión el prolongamiento de sus condenas.
Los tribunales, impertérritos
Pese a lo dictado por la Corte de Estrasburgo, los tribunales españoles no han dado su brazo a torcer. Todas las instancias competentes, es decir Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, han seguido aplicando la denominada «Doctrina Parot» y rechazando recursos en su contra.
Tras la sentencia del TEDH, decenas de presos presentaron recursos contra los alargamientos de sus condenas ante la Audiencia Nacional. En poco más de cuatro meses la Sala de lo Penal ya había rechazado unas cuarenta, según informó Efe el 23 de noviembre. Entre los recursos rechazados estaba el de la propia Inés del Río.
A la espera de confirmación
El pasado 20 de marzo, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos inició, escuchando a las partes, las deliberaciones sobre el recurso presentado por el Gobierno español. No hay fecha para que se conozca su decisión definitiva.
En cualquier caso, el ministro español de Interior, Jorge Fernández, ya anunció ese mismo día que aunque la sentencia fuera desfavorable al Reino de España, siempre podrían recurrir a la «ingeniería jurídica» para mantener su posición contra viento y marea.
Cuando el TEDH se pronunció en el caso de Inés del Río había 53 personas presas en su misma situación más otros 14 a las que se les aplicó la doctrina antes de fijar fecha de salida.
70
Según el último informe de Etxerat referido al mes de junio, de los 92 presos y presas a los que se les ha alargado la condena en hasta 12 años, son 70 las personas que en estos momentos permanecen en prisión todavía.
La Asociación Europea de Abogados ELDH acaba de hacer pública una moción con motivo del aniversario de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en la que recoge que tras la decisión de ETA de cese de la lucha armada, el Estado español sigue conculcando derechos y detalla algunas de las actuaciones internacionales que se han dado en el último año. Recoge el último informe del CPT, Amnistía Internacional; sentencias contra España en el TEDH de Estrasburgo, como la de Martxelo Otamendi; declaraciones presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o la reciente sentencia emitida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por torturas a María Atxabal.
Tras realizar un repaso de todos estos dictámenes y resoluciones, la ELDH urge a «que sea abolido el sistema de detención incomunicada», a «una rápida y efectiva investigación de las denuncias de tortura» y a «finalizar con la política de dispersión, de acuerdo con el derecho de todo preso a estar en una prisión cercana a su lugar de residencia».
En esta moción, que está siendo distribuida por círculos internacionales, demanda también la «libertad inmediata» para todos los presos y presas afectados por la llamada «Doctrina Parot», la «libertad para todos aquellos presos aquejados de graves enfermedades» y el «sobreseimiento de todos aquellos juicios a personas relacionados con su actividad política, tales como Arnaldo Otegi, que podría jugar un importante papel en la resolución del conflicto vasco.
