EH Bildu quiere que la Cámara apoye la propuesta de Urkullu por los convenios
La coalición abertzale solicitará que se convoque la Diputación Permanente para que el Parlamento de Gasteiz se pronuncie a favor de la propuesta del lehendakari Urkullu de acuerdo interprofesional para garantizar el mantenimiento de la vigencia de los convenios.
GARA | GASTEIZ
En rueda de prensa celebrada en la Cámara autonómica, las parlamentarias de EH Bildu Belén Arrondo y Arri Zulaika explicaron que el objetivo de apoyar la iniciativa que Urkullu trasladó a la patronal, en la que planteaba una ultraactividad no limitada pactada entre las partes y que consiguió el apoyo de los sindicatos, es que el Gobierno de Gasteiz «actúe con el liderazgo y el protagonismo que se necesita en estos momentos y no sea un mero espectador ante un ataque eminentemente político».
En este sentido, reiteraron que la propuesta planteada por el lehendakari «propició el encuentro de casi todos los sindicatos con la patronal», pero calificaron de «vergonzoso» el hecho de que Confebask haya «dejado claro que no tiene intención alguna de acordar nada». Añadieron que la reforma laboral «les concede todo lo que quieren y no les importan nada la situación y el futuro de este pueblo y el de miles de trabajadores de este país, en nada beneficia esta situación de conflicto a la economía vasca».
En este sentido, insistieron en que la actitud de la patronal de la CAV es «inaceptable», ya que «si no se llega a una solución en los próximos meses, pueden agravarse las consecuencias».
Contratación pública
En esta línea, el grupo de EH Bildu también registró ayer una iniciativa parlamentaria -proposición no de ley- en la que plantea que el Parlamento pida al Ejecutivo que en el ámbito de la contratación pública, no realice ningún contrato o que suspenda aquellos con empresas que se «aprovechen de la reforma laboral para precarizar la situación de sus trabajadores».
En opinión de Bildu, el decaimiento de los convenios es «un ataque directo» a la negociación colectiva, «impuesta» por el Gobierno español y por un partido que es «minoritario» en Euskal Herria. «Queremos pedir así coherencia al Gobierno vasco, que se ha manifestado contra de la reforma y que lo demuestren con hechos y actúen en consecuencia», señalaron.
Propuesta con ETRA Norte
Entretanto, en Bilbo, el grupo municipal de EH Bildu demandó a la junta del Ayuntamiento que cumpla lo acordado en el Pleno del 27 de junio en apoyo a la ultraactividad de los convenios y que, por ello, retrase la formalización del contrato con ETRA Norte -adjudicataria de los servicios de mantenimiento de los semáforos- hasta que mantenga las condiciones laborales previas el 7 de julio.
Bildu recordó que ETRA envió una carta a sus trabajadores en la que anunciaba que los contratos se rigen ahora por el Acuerdo Estatal del Sector del Metal.
EH Bildu ha pedido que se convoque a la Diputación Permanente, para lo que son necesarias las firmas de 15 parlamentarios. Al contar con 21 escaños, está garantizada la convocatoria de este órgano, que podría reunirse a lo largo de julio.
El portavoz del Gobierno de Gasteiz, Josu Erkoreka, manifestó ayer que no tiene constancia de que el ejecutivo haya contratado a empresas que estén aplicando la reforma laboral, y añadió que estudiarán la «viabilidad jurídica» de la petición de EH Bildu para que suspenda o no contrate a empresas que estén aplicando la reforma laboral, ya que puede haber empresas que «no están en situación de ilegalidad, aunque lleven a cabo actuaciones que no son del gusto del Ejecutivo».
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Erkoreka hizo referencia a la iniciativa parlamentaria registrada por la coalición soberanista. Según explicó, Lakua no tiene constancia de que haya contratado a empresas con esta situación pero cree que es necesario «contrastar» la propuesta con las posibilidades del ordenamiento jurídico porque «las licitaciones públicas se rigen con arreglo a una normativa muy estricta. El Ejecutivo, como cualquier otra administración que saca a licitación un contrato público, no es libre para determinar las condiciones en las que pueden concurrir las empresas interesadas en licitar», declaró.
Por ello, insistido en que el Gobierno autonómico analizará la propuesta «a la luz del ordenamiento jurídico, y de lo que permite la ley al ejecutivo porque es evidente que estaremos ante empresas que no se encontrarán en situación de ilegalidad, aunque lleven a cabo actuaciones que no son del gusto del ejecutivo». GARA
