La campaña desatada contra Iosu Uribetxeberria desde determinadas instancias políticas y mediáticas, del mismo calibre que la que precedió y sucedió hace un año a su excarcelación para ser tratado de la enfermedad terminal que padece, debería causar vergüenza a sus protagonistas. En las últimas semanas se han dicho y escrito barbaridades propias de mentalidades enfermas, capaces de argumentar que se sienten estafadas porque un ser humano permanece con vida, cuando se les había «prometido» lo contrario. Determinados periodistas y portavoces de asociaciones varias se han retratado estos días como lo que realmente son, apologetas del sufrimiento y el dolor.

En este contexto, el escrito remitido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por el fiscal Pedro Rubira no es sino una vuelta de tuerca en el ensañamiento. El representante del Ministerio Público ha pedido una nueva evaluación del estado de salud del preso arrasatearra para «recalcular» su esperanza de vida, en lo que constituye una falta de respeto a los profesionales del Hospital Donostia y, lo que es peor, un alarde gratuito de inhumanidad. Arguye el fiscal que la supervivencia de Uribetxeberria «lleva camino de superar todos los registros conocidos», y al hacerlo deja en evidencia que el Estado al que representa ha superado todos los registros conocidos de crueldad e indecencia. La saña que los mandatarios españoles muestran respecto a los presos es síntoma de un mal endémico e incurable.

Solo así puede entenderse ese encono, así como la negativa a poner en libertad a otra quincena de presos y presas con enfermedades de extrema gravedad, o el empecinamiento en mantener la doctrina 197/2006 un año después de que Estrasburgo fallara en su contra. Hoy son 70 los ciudadanos y ciudadanas vascas que permanecen encarceladas por este motivo, tres más que hace doce meses. La Asociación Europea de Abogados ha pedido su inmediata liberación, pero Madrid se aferra a la venganza. Es lo único que le queda.