El PP insiste en negar que los supuestos manuscritos de su extesorero Luis Bárcenas reflejen la contabilidad del partido y advierte de que dichos documentos son «únicamente responsabilidad de quien los ha fabricado». «No son los papeles del PP, son los papeles de Bárcenas», añadieron fuentes de la formación ante la publicación por el diario «El Mundo» de unos apuntes manuscritos entregados como originales al juez instructor del «caso Gürtel» y de la pieza separada que investiga la supuesta contabilidad B del PP, Pablo Ruz.

Esos documentos recogen sobresueldos en metálico entregados por el partido al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su etapa como ministro de Administraciones Públicas y de Educación (1997-1999) con José María Aznar, así como a otros exministros de Aznar, como Rodrigo Rato, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas o Jaime Mayor Oreja. Rajoy habría cobrado en ese trienio 15,4 millones de pesetas, además de su salario como miembro del Ejecutivo. El cobro de esas cantidades en dinero B sería ilegal, según la Ley de Incompatibilidades de 1995, que prohibía cualquier ingreso extra, público o privado, a los miembros del Gobierno.

«El PP reitera que no reconoce esas notas y su contenido y no las reconoce, en ningún caso, como contabilidad de esta formación política», señaló el partido en un comunicado. Explicó que a lo largo de todos estos años la contabilidad del PP «es única» y se ha venido haciendo en los términos previstos por la ley de partidos políticos, y ha sido sometida a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Añadió que esa misma contabilidad se encuentra a disposición de la Justicia, con la que reiteró su colaboración. Insistió en que las retribuciones a sus cargos siempre se han realizado conforme a la legalidad y cumpliendo las obligaciones tributarias.

A ese comunicado se remitieron los ministros José Manuel Soria (Industria), Ana Pastor (Fomento), Fátima Báñez (Empleo), José Ignacio Wert (Educación y Jorge Fernández Díez (Interior), que eludieron entrar a valorar las últimas revelaciones pese a la insistencia de los medios.

«Marca España»

El titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, señaló, por su parte, que consideró «obvio» que el «caso Bárcenas» no favorece a la «Marca España», y recordó que en países «vecinos» también hay casos de corrupción que afectan a expresidentes o a altos cargos institucionales.

Por contra, el responsable de Economía, Luis de Guindos, aseguró que la estabilidad del Ejecutivo no está en riesgo y que «España sigue gozando de la confianza de los mercados».

La voz discordante fue la de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que sostuvo que, si ha habido «irregularidades» en la financiación del PP, el partido tendrá que «reconocerlas» y explicarlas, y no «mirar hacia otro lado».

Pero los argumentos esgrimidos por el PP no convencieron a la oposición, que volvió a pedir explicaciones a Rajoy.

Toda la oposición coincidió en pedir al presidente que comparezca cuanto antes en el Congreso para dar explicaciones, y partidos como el PSOE e IU creen que debería dimitir si no las da o no puede darlas.

Ayer sí, el PSOE pasó a la ofensiva. Las nuevas revelaciones motivaron una reunión de la Comisión Permanente de su Ejecutiva Federal y a su término su vicesecretaria general, Elena Valenciano, instó a Rajoy a decir «la verdad» sobre si cobró sobresueldos ilegales cuando era ministro o que dimita si no puede hacerlo.

El líder de IU, Cayo Lara, exigió directamente su dimisión y la de su Gobierno y la convocatoria de elecciones generales porque, dijo, el presidente «ha mentido».

También CiU pidió a Rajoy que «dé la cara» y comparezca en el Parlamento.

A las peticiones de dimisión de Rajoy se sumó la del vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez, para superar el «desolador» panorama político provocado por este escándalo. Pidió que «alguien gobierne durante dos años hasta que se puedan hacer unas nuevas elecciones, porque esto no se puede soportar».