El Consistorio pagará un 35% más por beneficiar a Iberdrola en la torre
El convenio suscrito en 2005 por el Consistorio, Iberdrola y Bilbao Ría 2000 para que la multinacional construyera la torre de Abandoibarra pone cada vez más en cuestión la gestión del Gobierno Azkuna. Del análisis de la propuesta de liquidación de la operación, que obliga al Ayuntamiento a abonar en breve 12,58 millones de euros, se desprende que se pagará un precio 35% más caro por la recompra de las unidades de aprovechamiento por beneficiar a la eléctrica.
Agustín GOIKOETXEA |
En un pleno extraordinario convocado para el martes, el Gobierno Azkuna propondrá la aprobación de un crédito adicional para poder abonar a Bilbao Ría 2000 la indemnización por la pérdida generada por la actualización, «a precios de mercado», del valor de las unidades de aprovechamiento urbanístico transferidas a la sociedad interinstitucional en virtud del convenio para edificar la Torre Iberdrola. Se trata de algo más de 12,58 millones de euros que saldrán del remanente de tesorería del Consistorio bilbaino de 2011 y 2012, y de cuyo soporte legal hay muchas dudas tomando como base la literalidad del acuerdo a tres de 2005.
En una comisión previa, el 26 de junio, el concejal de Urbanismo, Ibon Areso, y el director del Gabinete de Alcaldía, Andoni Aldekoa, explicaron detalles de cómo van a liquidar con Ría 2000 los 20,19 millones que aún le adeudan, según sus cálculos. Esa cantidad, por cierto, es precisamente la que se rebajó a la eléctrica del precio del solar donde se alza su sede.
Esos 20,19 millones se corresponderían con el valor que atribuyen a las unidades de aprovechamiento (UA) más una supuesta indemnización por la devaluación sufrida. Ateniéndose a la literalidad del convenio de 2005, el Ayuntamiento se comprometió a recomprar cada UA a un precio de 2.305 euros, que con la actualización del IPC de los últimos ocho años las situaría en un valor de 2.855,89 euros. Así, la cantidad final sería de 14,9 millones y no de 20,1.
De las 9.000 UA transferidas, Bilbao Ría 2000 ha vendido una parte por 1.457,76 euros la unidad, que se corresponde con las adquiridas por Anida -la inmobiliaria del BBVA- en el marco de la operación del RAG. Ese sería su precio real en el mercado. Esa promotora desembolsó en junio 3,91 millones de euros en aprovechamientos urbanísticos, a los que hay que sumar los 1,59 millones que adquirió con el 15% de aprovechamiento que le correspondía por ley de esa misma céntrica promoción, junto a la Alhóndiga.
La indemnización por la devaluación es de 12,58 millones de euros, que es lo que se pretende abonar este verano una vez que el Pleno municipal autorice el martes un crédito adicional por ese valor. De la propuesta del Gobierno Azkuna se desprende que se pagará por esas unidades 3.869 euros; es decir, muy lejos de los 2.855,89 estipulados en la literalidad del acuerdo inicial y mucho más de los 1.457,76 que se han abonado por la promoción del RAG en virtud del estado del mercado inmobiliario.
Compensación discutible
El Ayuntamiento gastará 12,58 millones de euros de su remanente de tesorería para pagar un 35% más caro de lo que se comprometió hace ocho años y un 165% más de lo que hace un mes desembolso él y Anida por los 5,5 millones ya amortizados de una operación ruinosa para las arcas municipales y que pone en solfa la excelencia de la gestión jeltzale. Resulta curiosa la interpretación que efectúan desde el equipo de gobierno, ya que en ningún apartado del acuerdo se contempla ningún tipo de compensación, especialmente cuando en 2005 la burbuja inmobiliaria estaba en su apogeo.
De esa lectura del convenio se deriva que el Consistorio tan solo tendría que abonar 14,9 millones de euros por las 5.218 UA que posee Bilbao Ría 2000 de las 9.000 iniciales, a un precio de 2.855,89 euros la unidad de aprovechamiento. Lo cierto es que el valor de mercado no es ese, sino 1.457,76 euros (lo que ha pagado él en junio), por lo que la recompra supondría para las arcas municipales 7,6 millones, además de un IVA de 1,5 millones. De un análisis u otro se concluye que el Gobierno Azkuna pagará 10,9 millones de más por su defensa a ultranza del acuerdo favorable a los intereses de la compañía de José Ignacio Sánchez Galán.
La razón por la que al Consistorio le sale una factura de 20,19 millones, es porque estaría garantizando un precio de 2.855 euros por UA, incluso en aquellas que él y Anida adquirieron por un precio inferior, el de mercado. Ese compromiso de garantía de valor que defiende con su propuesta de liquidación no se deduce de la lectura del convenio, donde sí se decía que prometía recomprar el conjunto de las UA a un valor de 20.745.000 euros, sumándole la actualización del IPC, transcurridos diez años.
Otra duda lógica que se presenta, es por qué no se utilizan esos 12,58 millones para adquirir aprovechamiento en vez de aplicarlo a una indemnización muy discutible para algunos conocedores de la gestión urbanística. Sin duda, la respuesta habría que encontrarla en los entresijos de la negociación de Ría 2000, partiendo de que con ese dinero la sociedad interinstitucional tratará de aminorar una deuda que al cierre del segundo trimestre era de 189,97 millones de euros, 28,5 avalados por el Ayuntamiento.
Tampoco tiene sentido que el Consistorio haya adquirido hace un mes unidades de aprovechamiento a 1.457,76 euros y renuncie sorpresivamente a seguir adquiriéndolas a un precio tan ventajoso para sus intereses y opte por desembolsar 12.58 millones en indemnizaciones.
En un informe del interventor que avala la concesión de dos créditos adicionales por valor de 19,43 millones de euros para la cancelación parcial de las deudas con Bilbao Ría 2000 y con Iparlat, que serán financiados con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, se desvela que el Ayuntamiento tiene una deuda de 50,5 millones, que denomina «capital vivo». Lo curioso es que el Gobierno Azkuna ha negado hasta la fecha lo que reconoce el interventor.
Esa cantidad resulta del riesgo derivado de las operaciones de crédito concertadas por Bilbao Ría 2000 y avaladas por el Consistorio en 28,5 millones junto con 22 millones de otros préstamos previstos para el periodo 2013-2015. Con ello, según el interventor, la institución disponía al cierre del pasado ejercicio de una capacidad de financiación de 32 millones, superior al dinero que ahora necesita. Asimismo, la modificación de la norma foral permite la operación.
Otro de los asuntos que levantará ampollas, sin duda, son los 6,8 millones de euros que se deben abonar a Iparlat SA como parte del justiprecio por la expropiación de un terreno en Basurto destinado al sistema general de comunicaciones e infraestructura. Todo parte de la batalla emprendida por el Ayuntamiento y la central lechera en los tribunales respecto al precio que se debía abonar por una expropiación forzosa. Después de varias sentencias favorables parcialmente a una u otra parte, y cuando la última resolución ha sido recurrido en el Supremo, Consistorio e Iparlat parecen haber logrado un acuerdo extrajudicial y de ahí el pago de 6,8 millones. A.G.
El convenio entre Bilbao Ría 2000, Ayuntamiento e Iberdrola estipulaba que la obligación de compensación o indemnización por la recompra no será efectiva hasta 2015, por lo que existen muchas suspicacias al respecto.
La propuesta de liquidación planteada por el PNV estaría asumiendo obligaciones económicas que no le corresponden y que alertan de pactos ocultos entre las partes implicadas en la polémica operación.
Mientras Ría 2000 y Consistorio bilbaino han mantenido conversaciones para dar una salida al asunto de la torre, Iberdrola ha permanecido ajena partiendo de las facilidades que se le dieron en 2005.
Todo apunta a que EH Bildu es el único grupo municipal que cuestiona la solución propuesta. Parece evidente que PSE y PP, que apoyaron la operación, no pueden dejar solo al Gobierno Azkuna en este asunto.
