Las cinco principales centrales sindicales de Brasil, juntas por primera vez en una protesta, reclaman la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y retoman varias de las reivindicaciones de las masivas manifestaciones partidarias y sin filiación sindical del mes pasado, como un transporte público de calidad y más inversiones en salud y educación.

«Esta es la primera vez en la historia de Brasil que nos manifestamos juntos», declaró a France Press Paulo Pereira da Silva, presidente de Fuerza Sindical, aunque mantienen sus divisiones sobre la reforma política que la presidenta, Dilma Rousseff, quiere impulsar.

El «Día nacional de lucha» preveía movilizaciones de obreros metalúrgicos, empleados de transporte y del sector de alimentación, bancarios, comerciantes y funcionarios públicos, entre otros.

Unas 40 carreteras de 14 estados del país se encontraban bloqueadas. «El Gobierno, aunque reconozca el derecho a manifestarse, no puede concordar con el cierre de rutas» y pedirá a la policía federal el desbloqueo de las carreteras «mediante el diálogo» y «vías legales», indicó el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, al sitio web G1.

En Sao Paulo los sindicatos de transporte bloqueaban terminales de autobuses, aunque trenes y el metro operaban con normalidad. El tráfico estaba cortado en toda la avenida Paulista, una de las principales de la ciudad, donde protestaban al menos 4.000 personas, según la Policía. «Queremos que haya una mejoría en el país. En este momento hay crisis en la salud y la educación», explicó Rosely Paschetti, funcionaria municipal, agitando un cartel que pedía «Más impuestos para los ricos, menos para los pobres».

Los estibadores del puerto de Santos (estado de Sao Paulo), el mayor de Latinoamérica, paralizaron por segundo día sus actividades. Rutas de acceso al puerto y al parque industrial de Cubatao también fueron bloqueadas. Los sindicatos rechazan un decreto que autoriza la apertura de puertos privados.

En Salvador de Bahía, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte y Manaos, el transporte público fue paralizado. Varias escuelas cerraron sus puertas y algunos hospitales del país solo atendieron las urgencias. Los accesos al complejo industrial y portuario de Suape, en Pernambuco, donde trabajan 75.000 personas, también fueron bloqueados.

Varios bancos y comercios de Río cerraron sus puertas por temor a destrozos como los ocurridos en junio, al final de masivas manifestaciones por mejo- res servicios públicos, contra la corrupción y los millonarios gastos del Mundial 2014.