El Gobierno colombiano dio ayer por «suspendido» el diálogo con los campesinos de la región del Catatumbo (noreste) que protestan desde el 10 de junio para pedir una Zona de Reserva Campesina, por incompatibilidades en temas claves.

El ministro consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón, afirmó en la emisora RCN La Radio que desde que empezó el diálogo el lunes hay puntos «inamovibles» para unos y otros que impiden llegar a acuerdos.

Por su parte, el líder campesino Juan Carlos Quintero dijo a la misma emisora que «el Gobierno es quien se levanta de la mesa, los campesinos en ningún momento lo han hecho» y responsabilizó al Ejecutivo «de la tragedia que pueda suceder a partir de hoy, si hay muertos o heridos, porque prevemos un eventual ataque del escuadrón móvil antidisturbios».

Precisamente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que durante las manifestaciones de campesinos en el Catatumbo hubo un «uso excesivo de la fuerza» por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, y constató «disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública». La ONU daba así respuesta a la muerte por disparos de cuatro campesinos durante las protestas que tienen parcialmente bloqueada la región.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, respondió calificando de «irresponsable y temerario» hacer cualquier afirmación sobre la muerte de los campesinos hasta que la Fiscalía haya determinado las circunstancias en que perdieron la vida.

Por otra parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana, rechazó ayer que el Gobierno imponga condiciones para iniciar un eventual diálogo de paz que ponga fin al enfrentamiento armado.

Unión Patriótica

La Unión Patriótica (UP), partido colombiano de izquierdas que sufrió la muerte de miles de sus cuadros y militantes durante los años ochenta y noventa del siglo pasado, ha recuperado su personalidad jurídica, según una decisión del Consejo de Estado, que anuló así una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en el 2002 decidió quitarle esa condición.

Para la diezmada UP, la decisión supone el reconocimiento al genocidio político que vivió la organización, pero, al mismo tiempo, provoca que se resucite un partido estigmatizado y casi desaparecido, según la revista colombiana «Semana».