El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer darse «por enterado» del contenido del último informe del Comité Europeo sobre la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, si bien rechazó la propuesta de la vocal Margarita Uria, que animaba a los jueces españoles a «adoptar un enfoque más proactivo respecto a los poderes de supervisión» de estos casos.

Según informaron fuentes del citado órgano judicial a la agencia Europa Press, la iniciativa de la vocal, designada a propuesta del PNV, no obtuvo los apoyos necesarios para salir adelante. Así, lo único que se acordó es que el CGPJ se de «por enterado» de las conclusiones del informe, en el que se incluyen los resultados de una visita realizada hace dos años por los representantes de CPT.

Cabe recordar que, tras visitar el Estado español, los integrantes del citado comité indicaron que «sigue faltando un adecuado control judicial de las personas que se hallan en detención incomunicada durante las primeras 120 horas de custodia». Además, el informe puso de manifiesto que todas las personas que se entrevistaron con la delegación del Consejo de Europa declararon que la vista ante la Audiencia Nacional, realizada el quinto día de detención, había sido su primer contacto con el tribunal. También criticaron que los jueces de instrucción de este órgano consideran suficientes los informes forenses, sin reparar en la declaración de las víctimas.

En este sentido, en su informe el Comité europeo añadió que varias personas, las cuales formularon acusaciones por torturas y malos tratos en la vista ante la Audiencia Nacional, afirmaron que el juez de instrucción había mostrado «falta de interés y menosprecio hacia las mismas».

Para evitar que se produzcan malos tratos, el CPT recomendó que el CGPJ invite a los jueces a adoptar una actitud más activa para supervisar las detenciones, tal como figura en el artículo 520 bis, tercer párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En dicho artículo se dice que «durante la detención, el juez podrá en todo momento requerir información y conocer, personalmente o mediante delegación en el juez de Instrucción del partido o demarcación donde se encuentre el detenido, la situación de éste».

Sin pronunciamiento

Durante el Pleno, Margarita Uria defendió que la interpelación directa al CGPJ desde un órgano del Consejo de Europa debería ser objeto de respuesta por este órgano, por lo que propuso un pronunciamiento concreto sobre la tortura. Algo que finalmente no salió adelante.