Estamos ante un momento de decisiones como solo se presenta una vez en una generación. Eso no se nos puede olvidar. Esta oportunidad no salió de la nada. Lo dijo el presidente Santos: los astros están alineados; y no están alienados por arte de magia, sino porque ha habido un trabajo paciente de construcción que puso en marcha el presidente y que ha tenido varios pasos.

El primero fue reconocer que uno no cura una enfermedad, ni resuelve un problema, si no llama a las cosas por su nombre. Y el nombre de este problema es «conflicto armado interno». Valga decir: conflicto con las FARC y con el ELN, y con nadie más.

El segundo, poner en primera fila a las víctimas.

El tercero, crear un entorno internacional favorable, asegurando que la región sea un soporte para la paz de Colombia, y no un impedimento.

El cuarto, abrir un espacio constitucional para la justicia transicional, el llamado Marco Jurídico para la Paz.

Y el quinto, armar un proceso metódico para llegar a la paz, un proceso que tiene su centro de gravedad en la idea de terminar el conflicto para poder pasar a una fase de construcción de la paz; a una fase de transición.

Eso quiere decir que hasta que no se firme ese Acuerdo Final, nada cambia en el terreno: no habrá cese del fuego y no habrá despejes. Pero también que una vez firmemos, todo cambia, porque entramos en esa fase de construc- ción de paz sin armas, sin la presión y coerción de las armas. Entramos en la transición. Uno podría decir que ese es el verdadero comienzo del proceso de paz, no el fin.

El fundamento de la transición serán los acuerdos a los que lleguemos en La Habana, que no incluyen todos los asuntos de la vida nacional. Son cinco puntos sustantivos -más un sexto de garantías- que tienen que ver directamente con la terminación del conflicto y que forman un «núcleo duro» de problemas que hay que resolver para hacer posible la paz, independientemente del color político o la ideología de cada quien. Todo lo demás es parte de la contienda política que se gana con votos en democracia.

El desarrollo agrario: el Gobierno piensa que sin una transformación profunda del sector rural que rompa el círculo vicioso de violencia en el campo -que causa pobreza, que alimenta más violencia-, no estaremos garantizando la no repetición del conflicto.

La participación política: todos los procesos de paz exitosos en el mundo llevan a una transformación de los grupos armados en movimientos políticos, eso es precisamente la transformación de un conflicto. Y la base de esa transformación son las garantías. Garantías para los grupos: que puedan participar en igualdad de condiciones y sin riesgos de seguridad; y garantías para la sociedad: que se rompa para siempre el lazo entre la política y las armas, como dijo el presidente.

El fin del conflicto: este es un proceso para terminar. Con la firma del Acuerdo Final comienza un proceso integral y simultáneo de dejación de armas y reincorporación a la vida civil de las FARC y de puesta en marcha de garantías de seguridad.

El problema de las drogas: el proceso de paz no va a resolver el problema del crimen organizado, pero sí puede contribuir a reducir radicalmente su expresión territorial y, sobre todo, a sacar de la trampa de los cultivos ilícitos a decenas de miles de colombianos.

Y la implementación, verificación y refrendación: el paso a la transición depende más que nada de la solidez del sistema de garantías que se establezca. De nuevo: garantías para las FARC, y garantías para la sociedad.

En La Habana estamos construyendo acuerdos que establezcan las condiciones y las tareas que cada quien tendrá que cumplir para hacer posible la construcción de la paz.

El centro de gravedad del proceso, repito, es la idea de pasar la página para entrar a una nueva fase, que hemos llamado la Fase III y que en realidad es la transición. El punto entonces es quitar el conflicto y el problema de las armas del camino para poder hacer, para poder implementar, para poder reconstruir. El propósito de la transición es permitir la transformación y la reconstrucción.

Y si a algunos les parece fuera de lugar el término «reconstrucción», basta que se den un paseo por las escuelas abandonadas y derruidas en el oriente antioqueño a causa del desplazamiento, o por los pueblos míseros a orillas del Atrato, confi- nados tantas veces por los grupos armados. Hay que reconstruir el campo colombiano.

¿En qué consiste la transición? El primer elemento es la temporalidad. Es decir, pongámonos una meta en el tiempo -diez años, por ejemplo- para hacer realidad todas esas cosas que se están acordando.

El segundo es la excepcionalidad. Los efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar funcionando en la normalidad. Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas en el terreno que trabajen con suficiente intensidad e impacto para lograr las metas de la transición.

El tercer elemento -el más importante- es la territorialidad. En Colombia no ha habido un verdadero proceso de paz. Ha habido procesos exitosos en el pasado con diferentes grupos, pero no ha habido un proceso de paz territorial, que se instale en las regiones y logre el verdadero cierre del conflicto.

El error histórico ha sido pensar que un proceso se trata simplemente de la desmovilización de unos grupos, sin pensar en transformar los territorios, sin pensar en cambiar radicalmente las condiciones en el terreno (...) La paz no se trata de recibir un fusil para entregar un taxi o una panadería. Se trata de quitar las armas del camino para poder transformar unos territorios y reconstruir el pacto social en las regiones. Y eso, a juicio del Gobierno, se logra de dos maneras.

Una es ampliar el alcance y fortalecer la efectividad de las instituciones en el territorio.

La otra es construir desde abajo, apoyados en la fuerza y la capacidad de organización de las comunidades. Eso me lleva un cuarto elemento de la transición, que es la participación.

En La Habana estamos construyendo unos acuerdos que serán la base de la transición. Pero esos acuerdos solo establecen el «qué». Para el «cómo» se van a hacer las cosas en el terreno, no lo van a decidir el Gobierno y las FARC, lo hará toda la ciudadanía en las regiones, en un gran ejercicio de participación y construcción conjunta de la paz en una fase posterior de transición.

Tenemos además que pensar en nuevas formas de organización de las comunidades para sacar adelante la transición.

Esos espacios de deliberación democrática pueden ser también espacios de reconciliación. No en el sentido del perdón, que es algo que le corresponde a cada quien decidir en su conciencia y en su corazón, sino en el sentido de aceptación de unas mismas reglas de juego por parte de todos (...)

Si la reconstrucción después de medio siglo de conflicto tiene varias dimensiones, la justicia también las tendrá que tener. Más dimensiones de lo que nos hemos acostumbrado a llamar justicia transicional.

Comienzo con la dimensión más práctica, que voy a llamar el problema de la justicia territorial. Es todo lo que hay que hacer en los territorios para restablecer y proteger los derechos de propiedad sobre la tierra.

De manera similar, el conflicto sirvió para que con plata de la droga y de todo tipo de actividades ilegales se adquirieran las mejores tierras del país; y para que con violencia y corrupción se despojara al Estado de enormes cantidades de baldíos.

En ambos casos se trata de revertir los efectos del conflicto sobre el territorio y la propiedad de la tierra; y para eso hay que utilizar mecanismos ágiles de excepción durante un tiempo limitado de transición.

Una segunda dimensión, que no solemos mencionar, es la dimensión distributiva. Si le estamos apostando a una paz territorial, tiene que ser inclusiva, tiene que atender las necesidades de todos. De las víctimas por supuesto, pero también de quienes sin ser víctimas directas sufrieron los efectos de la guerra en el territorio.

La tercera dimensión la voy a llamar simplemente la dimensión de la justicia transicional, en su sentido habitual: la satisfacción de los derechos de las víctimas en una transición. Con ese fin, el Gobierno promovió con el Congreso primero la Ley de Víctimas y luego el llamado Marco Jurídico para la Paz.

Dentro de toda esa especulación se usa y abusa del concepto de impunidad. La impunidad se mide necesariamente según el grado de satisfacción de los derechos de las víctimas. Nosotros pensamos que el error ha sido concentrarse simplemente en los victimarios. En el centro de la atención deben estar las víctimas, que es a lo que obliga el Marco: a dar el máximo posible de satisfacción a sus derechos en la transición. Quiero insistir en su aspecto central, que es la idea de una estrategia integral.

«Integral» en dos sentidos: una estrategia que integre y pondere los derechos a la verdad, la justicia y la reparación; pero también integral en el sentido de que permita abarcar el máximo de violaciones que se hayan cometido.

Los que insisten en lo contrario, en pensar que se pueden investigar caso a caso las violaciones de 50 años de guerra, se están diciendo mentiras. Lo que vamos a encontrar al final es una impunidad de facto. Sabemos ya que de esa manera nunca vamos a llegar al fin, y que tenemos que hacerlo de una manera más inteligente.

El Gobierno ya comenzó esa tarea con la Ley de Víctimas. Pero otra cosa es lo que se podría hacer si firmamos un Acuerdo Final. Sería una oportunidad extraordinaria para poner en marcha esa estrategia integral en una fase verdaderamente transicional, en una fase de cierre.

En materia de verdad, uno podría decir que en Colombia se produce mucho conocimiento, pero hay más bien poco reconocimiento; y nos falta también esclarecimiento: hay miles de familias de secuestrados y de desaparecidos que no saben qué ocurrió con sus seres queridos. Una fase de transición tiene que llevar necesariamente a que se les dé respuesta a esas familias, una sociedad no puede funcionar con tantas heridas abiertas, con tantos traumas privados.

En materia de reparación, el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso programa, pero si tenemos paz en el territorio, son otras las cosas que se pueden hacer en cuanto al reconocimiento de las víctimas, a verdaderas garantías de no repetición, a la reconstrucción de la confianza en las instituciones y en las reglas de juego.

Y en materia de justicia, quiero decir lo siguiente. Lo primero: en el caso de las guerrillas que están en conflicto con el Estado, a diferencia de los paramilitares que -curiosamente- vivían en el anonimato judicial y solo salieron de él con Justicia y Paz, no partimos de cero: la justicia colombiana ha sido implacable con las FARC y con el ELN.

¿Cuál será el tratamiento en una fase de transición? Eso va a depender justamente de esa estrategia integral: de un adecuado tratamiento de los derechos de las víctimas que deberá quedar consignado en una ley; una ley que se discutirá abierta, democrática y transparentemente. Y dependerá también de lo que las FARC y, eventualmente, el ELN estén dispuestos a hacer frente a sus víctimas.

Lo que estamos presenciando hoy es un espectáculo en la discusión sobre la impunidad, en unos casos de buena fe, pero en otros de una serie de personas que yo llamaría «punitivistas de última hora» que hace diez años estaban apoyando amnistías para los grupos paramilitares y hoy quisieran ser la Inquisición.

La posición del Gobierno en ese tema es muy sencilla: en Colombia no habrá amnistía general para estos grupos. El único camino es una estrategia integral de justicia transicional, sobre la base de condicionalidades, en la que todos van a tener que poner. Esto tiene también consecuencias para los temas de participación. Aquí hay que saber distinguir: una cosa es una futura participación política de las FARC y, eventualmente, del ELN, y otra cosa son los individuos, cuya participación dependerá de lo que ocurra en esos procesos de justicia transicional. Como ha dicho el Gobierno, se decidirá caso por caso.

El instrumento jurídico para la refrendación no se ha decidido. Pero lo que está claro es que no es una Asamblea Nacional Constituyente. Uno no hace una Constituyente para refrendar unos acuerdos de paz, ese no es su propósito, sino para crear un nuevo ordenamiento jurídico de la nación. Que es lo contrario de lo que se trata este proceso: se trata más bien de transformar la realidad para poner el último eslabón de la Constitución del 91, de cerrar el círculo y dedicar todos los esfuerzos del Estado y de la sociedad a materializar esa promesa de protección de los derechos fundamentales que contiene la Constitución.

Me preocupa que en los ambientes urbanos a veces se banaliza la importancia de terminar el conflicto. Se dice que no desaparecerán los narcos, que de todas maneras habrá inseguridad, que siguen los atracos. Claramente un Acuerdo Final no pondrá fin a todos los males de la nación. Pero nada podría ser más importante para este país que pasar la página del conflicto, absolutamente nada.

Para eso tenemos que lograr una verdadera movilización social alrededor de la construcción de la paz. Más que un acto de fe, necesitamos un acto colectivo de imaginación de lo que sería la transición; la transición con tiempos, con metas y con todos arremangados trabajando para un mismo propósito.

Una fase de transición en la que todos vamos a tener que poner, una fase que no va a ser fácil, que puede ser dolorosa, pero que es la mejor opción que tenemos de encontrar un fin digno para todos; insisto, para todos, a esta guerra de 50 años.