encarcelamientos en tiempos de resolución
Lakua dice que estaba obligado a arrestar a Urtza Alkorta
La Audiencia Nacional española ordenó a la Policía y a la Guardia Civil detener a Urtza Alkorta, pero fue la Ertzaintza la que ejecutó el arresto. El Gobierno de Lakua afirma que la aparición del requerimiento en la Base de Datos de Señalamiento «habilita y compromete» a la Ertzaintza.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El pasado 21 de junio, GARA informó de que según documentación que obraba en su poder, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó la detención de Urtza Alkorta a la «Dirección General de la Policía y Guardia Civil». Días más tarde, la Ertzaintza llamó por teléfono a la Audiencia Nacional, anunciando que le constaba que Alkorta iba a sumarse al muro popular en Ondarroa y que procedería a su arresto si antes no se presentaba voluntariamente en comisaría.
El 15 de mayo, la Policía Autonómica hizo efectivo el arresto en el puente de Ondarroa, en una operación que movilizó a cientos de agentes y que el propio lehendakari consideró como un «despilfarro».
Al conocer que la Audiencia Nacional había ordenado la detención a las FSE y que la Ertzaintza se había sumado por propia voluntad a la operación, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga preguntó a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia por las razones de esta actuación.
En su respuesta, la consejera reconoce que no tenían un oficio directo para la detención, pero que, al haber sabido del requerimiento a través de las bases de datos que comparten las policías, la Ertzaintza se veía obligada a intervenir.
La contestación textual remitida al Parlamento es que «el carácter de policía integral de la Ertzaintza y sus competencias en el ámbito territorial de la C.A. de Euskadi, le habilita y compromete a proceder, como en el caso de la detención de Urtza Alkorta, tras la aparición del requerimiento correspondiente en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales, independientemente de que paralelamente se oficie directamente a otros cuerpos policiales».
La Base de Datos de Señalamientos Nacionales, creado en 1995, incluye datos de reclamaciones judiciales estatales e internacionales y medidas de seguridad como la prohibición de salir del Estado español.
La llamada telefónica
Después de que el 6 de mayo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara a la Policía y a la Guardia Civil la detención de Urtza Alkorta, el 10 de mayo una secretaria judicial del Servicio Común de Ejecutorías hace constar la llamada de la Ertzaintza anunciando su presencia pública y la intención de arrestarla.
Una obligación
Julen Arzuaga también preguntó a la consejera de Seguridad «¿por qué y siguiendo qué criterios político-policiales decidió la Ertzaintza ofrecerse para llevar a cabo este cometido».
Es la Base de Datos de Señalamientos Nacionales, creada en 1995, incluye datos de reclamaciones judiciales estatales e internacionales y medidas de seguridad como la prohibición de salir del Estado español
Además de sobre las cuestiones relacionadas con su reciente detención por parte de la Ertzaintza, EH Bildu ha solicitado también al Departamento de Seguridad nuevas explicaciones sobre el borrado de los vídeos de los interrogatorios a los que Urtza Alkorta fue sometida durante su detención entre enero y febrero de 2010, cuando denunció haber sufrido malos tratos. La juez solicitó dichos vídeos y el Departamento respondió que se habían borrado, pero EH Bildu entiende que habiendo ya denuncias interpuestas en relación a esos interrogatorios, las grabaciones nunca tuvieron que haber sido destruidas como hizo la Consejería de Rodolfo Ares. I.I.
Fue el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, quien el mismo día de la detención de Urtza Alkorta calificó la operación policial como un «despilfarro» de recurso públicos. Claro que no lo hizo como una crítica a la intervención de la Ertzaintza, sino tratando de hacer recaer ese coste sobre la izquierda abertzale. Urkullu declaró que «no hay ninguna necesidad de tensionamiento de la sociedad si se entiende que hay una orden judicial». Y -según detalló la agencia Efe- pidió «responsabilidad» a la izquierda abertzale por el «despilfarro» de los recursos públicos que ha supuesto la operación de detención.
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, se interesó por los detalles de ese «despilfarro» y el Departamento de Seguridad remitió a la Cámara algunas cifras, aunque no todas. Por ejemplo, evitó concretar el número exacto de ertzainas que participaron en el operativo, aunque sí ofreció otros números que sirven para hacerse una imagen de su envergadura.
A la pregunta de cuántos agentes se desplazaron a Ondarroa para proceder a la detención de Urtza Alkorta y qué número de vehículos participaron en la operación, el Departamento de Seguridad responde que «en la actuación policial intervinieron el número de agentes preciso para garantizar el cumplimiento de la orden judicial de detención, de acuerdo a las circunstancias del caso».
Cabe recordar que Urtza Alkorta estuvo protegida por decenas de personas que participaron en el «muro popular» levantado en el emblemático puente de Ondarroa. La Ertzaintza estuvo retirando uno a uno a los vecinos que intentaban entorpecer el arresto.
Según la respuesta de Estefanía Beltrán de Heredia, en el operativo participaron además 38 vehículos, la mayoría de ellos furgonetas, y dos «embarcaciones ligeras», del tipo lanchas neumáticas fueraborda.
La puesta en marcha de este operativo de la Ertzaintza -cuerpo que, cabe recordar, no tenía orden judicial directa de practicar la detención- llevó al Departamento de Seguridad a llamar a un total de 104 agentes de la Brigada Móvil que ese 15 de mayo disfrutaban de su día libre. Además, todos los «beltzas» a los que en esa jornada les correspondía realizar labores de entrenamiento, fueron también movilizados para reforzar la actuación de Ondarroa, suspendiendo para ello las prácticas que tenían previstas.
Según responde Estefanía Beltrán de Heredia a Gorka Maneiro, con la suspensión de los días libres y de los entrenamientos, la Ertzaintza logró que el resto de los servicios policiales que estaban planificados para esas horas se pudieron llevar a cabo.
Esto supuso que el total de horas extras que el Departamento de Seguridad tendrá que pagar o compensar con otras libranzas fue de 998. Según algunos cálculos publicados, en términos económicos estas horas extra podrían tener un coste superior a los 22.000 euros para el Departamento. I.I.
