El Tribunal Supremo español ha ratificado la pena impuesta por la Audiencia Nacional a los jóvenes navarros Xabier Sagardoi y Luis Goñi, al tiempo que absuelve a Maider Caminos, Aritz Azkona y Mikel Jiménez, juzgados en el mismo proceso. Habrá quien se quede con este último dato, por el que no cabe más que felicitarse, pero que es el reverso de la verdadera noticia: dos ciudadanos vascos han vuelto a ser condenados por su militancia política. Este país vivirá otra vez escenas de persecución, resistencia y represión, cuando aun permanece en sus retinas lo ocurrido en el Boulevard donostiarra y en Ondarroa.

Precisamente, el fallo se conoció el mismo día en que cuatro de ellos -Jiménez permanece preso por otra causa- anunciaban su intención de esconderse ante la posibilidad de que fueran detenidos. Han decidido no resignarse ante la injusticia, como tampoco hicieron Urtza Alkorta ni los jóvenes de Donostialdea detenidos por la Ertzaintza hace unos meses tras haber levantado a su alrededor un auténtico muro popular. El objetivo es el mismo, no asumir como inevitable lo que debería ser imposible, que el Estado español siga llenando las cárceles de abertzales de izquierda. También en este caso han sido cientos las personas que han expresado su disposición a ayudar a los encausados, incluso cediéndoles las llaves de sus casas, y quien se empecine en ampliar el listado de condenas y detenciones debe asumir que la solidaridad crecerá de forma exponencial.

No es tiempo de llenar las cárceles, sino de vaciarlas. Como tan acertadamente escenificó ayer un grupo de personas en la prisión de Ocaña, ha llegado el momento de echar el cierre a una estrategia que causa dolor y sufrimiento pero que cada vez tendrá menos capacidad de condicionar la trayectoria de este país. Unos jóvenes navarros han decidido ocultarse para sacar a la luz un hecho incontestable: no hay justicia posible para el pueblo vasco mientras permanezca a merced de los estados. Nunca la realidad estuvo tan a la vista.