El sindicato CCOO instó ayer a la patronal Confesbask a recuperar y mantener los convenios colectivos cuya vigencia venció el pasado 7 de julio en aplicación de la última reforma laboral. Por medio de un comunicado, el sindicato emplazó a la patronal a mantener abierta la negociación colectiva y a hacer suya la resolución del Parlamento de Gasteiz del 18 de julio pasado, en la que pedía a sindicatos y empresarios que acuerden la prórroga provisional de los convenios vencidos hasta el próximo 31 de diciembre.

CCOO también pidió a la patronal que retire las comunicaciones de «inaplicación» de condiciones laborales que, según indicó, «de forma generalizada se han enviado, incluso allí donde la vigencia está establecida en el convenio con carácter indefinido».

El sindicato advirtió de que la posición de las patronales vascas «va a tener una repercusión en la devaluación salarial en Euskadi y la economía se va a resentir».

Indicó que la CAV ha salido de otras crisis, entre otras razones, por «compromisos entre instituciones y organizaciones representativas de trabajadores y empresarios», por lo que denunció que ahora Confebask «renuncia a su papel» y «subcontrata los problemas a los empresarios individuales y le niega al país ninguna contribución a la salida de la crisis».

UGT acude a los tribunales

Por otra parte, el sindicato UGT anunció que presentará demanda de conflicto colectivo ante el Juzgado de lo Social para mantener la vigencia del convenio del Metal de Bizkaia, al haber concluido en fracaso el encuentro mantenido ayer con la patronal vizcaina Cebek.

Tras la infructuosa reunión en el Preco, UGT advirtió de que «no va a permitir que los trabajadores pierdan sus derechos». Apuntó que los convenios del Metal de Bizkaia y Araba son de «eficacia limitada» -no fueron suscritos en su día por la mayoría de la representación sindical- y «establecen una vigencia en su parte normativa, que no decae en tanto en cuanto no sean sustituidos por otro convenio». Es decir, que «están excluidos de los efectos del límite de ultraactividad que impuso el Gobierno a partir de la pérdida de la vigencia sin haber sido sustituidos por otro».