La trama vasca de «los papeles de Bárcenas»
Los apuntes oficiales y los de Bárcenas sobre Bilbo coinciden
El extesorero del PP mostró al juez cuentas del partido que coinciden con sus registros sobre la compra y las obras realizadas en la sede de la capital vizcaina. Presentó una carpeta con 164 folios para probar que el inmueble se financió con donaciones ilegales blanquedas desde Génova
Alberto PRADILLA | MADRID
Varios de los ingresos procedentes de Madrid y reflejados en las cuentas oficiales del PP de la CAPV coinciden con los apuntes de Luis Bárcenas sobre la compra y las obras realizadas en la sede que la formación tiene en Bilbo. Así consta en la documentación presentada por el extesorero ante el juez Pablo Ruz y a la que ha tenido acceso GARA. Según la versión de Bárcenas, los documentos probarían una contabilidad paralela destinada a sufragar la hipoteca y los trabajos de acondicionamiento del inmueble de la Gran Vía de la capital vizcaína. Este sistema se basaría el cobro de comisiones ilegales y donativos a empresarios que, posteriormente, serían blanqueados en Madrid y devueltos a la CAPV. Tal y como avanzaron diversos medios, durante su declaración ante la Audiencia Nacional española, que tuvo lugar el pasado 15 de julio, el extesorero entregó 164 folios dentro de una carpeta con el epígrafe «Bilbao». Estos se resumen en dos hojas con el título «sede Vizcaya» en los que se contabilizan las entradas y salidas de dinero entre el 11 de noviembre de 1999 y el 16 de noviembre de 2005. Además aparecen facturas, cartas a entidades como el Banco Popular (que concedió el crédito al PP) e incluso presupuestos internos.
Los dos folios en los que Bárcenas afirma que apuntaba la contabilidad paralela destinada al inmueble de Bizkaia reflejan el dinero negro procedente de la CAPV y los reembolsos desde Génova. Estas cifras no aparecen en los papeles generales donde, según el extesorero, se registraban los pagos de sobresueldos a líderes como Mariano Rajoy y las donaciones de grandes empresarios españoles. Una circunstancia que corroboría lo que él mismo declaró ante el juez, que el PP puso en marcha un sistema especial dedicado exclusivamente a pagar la hipoteca. Tampoco aparece el nombre de ningún donante ni de altos cargos del partido aunque durante aquella época los máximos responsables fueron Carlos Iturgaiz y María San Gil. Según las notas, la sede central de Madrid habría recibido cerca de un millón de euros (concretamente 954.640,13 euros) en dinero negro procedente de la CAPV a lo largo de seis años. De esta cantidad Génova habría devuelto 831.657,87 euros; es decir, unos 120.000 euros menos. Con parte de esos fondos se habrían financiado tanto las obras como la hipoteca, que según la documentación mostrada la semana pasada por Iñaki Oyarzábal, ascendió a 1,2 millones de euros.
Hasta enero de 2002, momento de entrada en vigor del euro, las cuentas vienen en pesetas. Es en esta época donde las transferencias desde Bizkaia, Gipuzkoa y Araba llegan menos sistematizadas, con entregas por diferentes montantes. A partir de entonces las entradas y salidas registran un flujo regular de ida y vuelta generalmente fijado en 12.000 euros.
Presupuesto de las obras
Los primeros pagos hacia la CAPV (que corresponderían a las obras) aparecen en varios documentos. Están reflejados en los apuntes manuscritos, en uno de los extractos bancarios (que aparece bajo el epígrafe «sede regional País Vasco» y refleja los movimientos entre noviembre del 99 y octubre de 2000) y en un presupuesto que calcularía el dinero que tenía que llegar desde Génova a Bizkaia para sufragar los trabajos. En las cuentas legales aparecen 51 millones de pesetas procedentes de Madrid, de los cuales 39 se corresponden en fechas con los registros manuscritos. Este es un montante ligeramente superior a los 38.220.000 millones de la estimación presupuestaria. De este modo, la supuesta contabilidad paralela presentada ante el juez incluye siete salidas que coinciden en el tiempo con los ingresos realizados en la cuenta territorial. Concretamente son cuatro pagos de seis millones de pesetas (el 23 de noviembre del 99, el 29 de diciembre, el 15 de enero de 2000 y el 8 de febrero de ese mismo año) que aparecen registrados también en la contabilidad oficial, donde los ingresos se efectúan el 25 de noviembre, el 24 de diciembre, el 15 de enero y el 10 de febrero. En el manuscrito las salidas se apuntan como «transf. País Vasco» (abreviatura de «transferencia»), mientras que en el extracto del banco, estas mismas cantidades aparecen como «Transf. Subvenc. PP País vasco» o «Envío Subvención». Posteriormente hay otro ingreso de siete millones (que según el manuscrito se efectúa el 8 de marzo y en el extracto se ingresa el 9) y otros dos, uno de seis millones (11 de mayo en ambos documentos) y otro de dos millones (13 de julio en los dos escritos). A esto se le sumaría otro pago de dos millones apuntado a mano en el extracto bancario que corrrespondería a octubre y que coincide también con el registro en «b», así como otras dos entradas de seis y cuatro millones cuyas fechas no concuerdan con ningún movimiento.
Estas transferencias tendrían relación con ocho ingresos de 6.370.000 millones de pesetas que recibió Génova entre los meses de noviembre del 99 y junio de 2000. Estas sumas se habrían enviado de forma troceada a través de diversas entidades bancarias. Además, ya vienen indicadas en el presupuesto de las obras, en cuya parte inferior puede leerse «38.220.00/6 meses = 6.370.000». Tal y como aparece reflejado en el manuscrito, el PP de la CAPV realizó dos pagos de más, lo que podría corresponderse con los diez millones anteriormente citados.
Según la tesis de Bárcenas, el sistema siguió en vigor para abonar el crédito. De hecho, sus manuscritos reflejan el concepto «transf. directamente para hipoteca», con sumas de hasta 30.000 euros. Líderes del PP como Iñaki Oyarzábal han insistido en que los fondos llegaban desde Génova. Una versión que no es incompatible con las acusaciones ya que, como extesorero, él era el encargado de hacer llegar el dinero desde Madrid.
El presidente español, Mariano Rajoy, comparecerá finalmente ante el Congreso para explicar «su versión» sobre el «caso Bárcenas» el próximo 1 de agosto, según confirmó ayer el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada. Finalmente, el jefe del Ejecutivo dará la cara en un pleno extraordinario que se había resistido a convocar en las últimas semanas. No obstante, sus explicaciones podrían quedar diluidas en una sesión que lleva el epígrafe genérico de «explicar la situación política y económica» en el Estado español. Hoy, sin embargo, la corrupción también será tratada durante la sesión de la Diputación Permanente.
Mientras que Rajoy prepara sus explicaciones, desde el PP de la CAPV se suceden las reacciones a la defensiva ante las acusaciones de Bárcenas que vinculan el pago de la sede de Bilbo con el cobro de comisiones ilegales. Ayer fue el diputado general de Araba, Javier de Andrés, quien instó al extesorero a aportar «un solo dato verosímil» que justifique sus afirmaciones. Unas pruebas que, como los documentos que publica hoy GARA, Bárcenas ya ha presentado ante el juez Pablo Ruz. «Es un patán que carece de la mínima dignidad. Con su acusaciones al PP vasco suma a sus muchas fechorías también la difamación. Es desolador ver cómo un cretino no quiere afrontar sus responsabilidades», aseguró De Andrés. A.P.
El Tribunal Supremo español salvó ayer de entrar en prisión al expresidente balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, rebajándole la condena de seis años a la que fue sentenciado por el primer juicio del Palma Arena a una pena de nueve meses. En marzo, la Audiencia Provincial condenó a Matas por los delitos de fraude a la Administración; continuado de falsedad en documento oficial; falsedad en documento mercantil; prevaricación en concurso con un delito de malversación y tráfico de influencias agravado tras considerar probado que intervino en la contratación irregular por parte del Ejecutivo autonómico del articulista Antonio Alemany para la redacción de sus discursos. Tras el auto del Alto Tribunal, Matas no tendrá que ingresar en prisión ya que no supera el mínimo de dos años de condena. Esta decisión, adoptada incluso en contra del criterio del fiscal, fue acogida con especial satisfacción por el propio Matas, quien aseguró que «la verdad se impondrá en este caso y en todos». Cabe recordar que el expresidente balear todavía está imputado en otros casos de corrupción.
Pese a que los magistrados aceptan la versión aportada por el juez balear (que Matas organizó un concurso para que su amigo Alemany cobrase fondos públicos como asesor eludiendo la ley de incompatibilidades), el auto elimina todos los delitos que podían haber llevado al expresidente a la cárcel. Una circunstancia que fue denunciada por grupos como ERC, IU e ICV. A.P.
