Hace dos días, las asociaciones Dignidad y Justicia y Covite pidieron al Ayuntamiento de Bilbo que retire el nombramiento como txupinera de Jone Artola. Ninguno de los motivos que aducen para ello consiste en ilegalidad alguna y el nombramiento de Artola cuenta con la legitimidad de la decisión del Ayuntamiento y las comparsas de Bilbo. Además, Dignidad y Justicia advertía de que si el Ayuntamiento hace caso omiso se pondrá en contacto con el delegado del Gobierno español en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. A petición de Carlos Urquijo, precisamente, un juzgado de Gasteiz ha anulado la decisión del Ayuntamiento de Laudio de nombrar pregonero de las fiestas a el exalcalde de la localidad Pablo Gorostiaga, encarcelado desde 2007, porque según la jueza, «atenta contra la dignidad de las víctimas», a pesar de que Gorostiaga jamás ha practicado ni ha sido condenado por actividad armada alguna. Un motivo que se repite una y otra vez y redunda en la criminalización de todo lo que no es del gusto de quienes utilizan para ello la supuesta «defensa de las víctimas», con la colaboración de ciertos políticos y jueces, por encima de la legitimidad popular, que es, a la postre, lo que atacan.