Mi diccionario dice que despenalizar es dejar de tipificar como delito o falta una conducta anteriormente castigada por la legislación penal. Despenalizar el aborto o el consumo de la mariguana es no considerarlos delitos. La mujer que quiera abortar, que aborte; la persona que quiera fumar mariguana, que la fume. El que quiera beber alcohol que lo haga y el que quiera fumar tabaco igual. El alcohol y el tabaco no son sustancias ilegales, salvo para menores de edad y, sin embargo, su consumo se regula; curiosamente más el tabaco que el alcohol, pese a que este afecta considerablemente la conducta de quien lo ingiere. Ciertos medicamentos son controlados, pero no ilegales como, por ejemplo, algunos analgésicos, ansiolíticos, penicilinas, etcétera. Estos requieren receta médica para ser adquiridos.

Las prohibiciones son contraproducentes. La prohibición del aborto ha llevado a una gran cantidad de muertes por falta de higiene o por impericia de quienes lo practican clandestinamente. De aquí que, por lo menos en el Distrito Federal, una mujer con menos de 12 semanas de embarazo pueda interrumpirlo, si tiene la suerte de que la atiendan y de que haya un médico sin prejuicios religiosos que lo practique. De la prohibición del alcohol todos recordamos sus efectos y la formación de mafias que surgieron a partir de la famosa ley seca, promulgada en Estados Unidos en 1919.

Sobre el consumo de tabaco, ¿qué más se puede decir? Cada vez que habla de él un personaje antitabaco dice lo que le da la gana sin ruborizarse de sus mentiras. La última es la del secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued, que acaba de declarar que cada año en el país mueren 70 mil personas de cáncer provocado por el tabaco («La Jornada», 6/8/13). Esta declaración debería conducir a la renuncia del ignorante secretario, simplemente por decir mentiras relacionadas con el ramo del que es titular. Que se dedique a otra cosa.

He leído en varias ocasiones que el trasiego de mariguana equivale al 50 por ciento de las drogas ilegales en venta. No lo sé, y tampoco confío mucho en la metodología de quienes han medido este singular mercado que, en términos generales, es clandestino o, si se prefiere, de escasa transparencia.

Si acaso es cierto y este producto se despenaliza o se legaliza (conceptos que en la práctica podrían ser sinónimos, según el enfoque), es obvio que se le quita al crimen organizado una parte sustanciosa de su negocio, pero para ello tendría que hacerse como en Uruguay: el control de todo el proceso de producción y venta de mariguana en su territorio, como señaló el martes pasado Javier Flores en las páginas de «La Jornada». Si no se controla todo el proceso la producción seguirá en manos de quienes ya la tienen y la venta se prestará a mecanismos de corrupción, pues seguro que una parte será legal y otra igualmente clandestina, como sucede en todo mercado: unos productos, dizque de calidad, se venden en tiendas establecidas y otros, supuestamente copias o falsos, en mercados ocultos, como es el caso del contrabando de bebidas y de tabaco, las primeras adulteradas y el segundo elaborado con quién sabe qué y sin control de calidad.

Pero además, como ya se ha visto, y de esto sí hay datos (aunque tampoco sé si serán confiables), cuando se persigue a los bandidos por hacer sus negocios con ciertos productos se dedican a otros, pues no saben trabajar o no consiguen trabajos con similares remuneraciones. Ha subido el número de secuestros, el de asesinatos no ha variado mucho en comparación con el sexenio calderonista, el asalto a casas-habitación ha aumentado, al igual que el robo de automóviles. ¿Por lo menos habrá bajado el volumen de ventas de drogas ilegales?

Algunos expertos o que se dicen tales han señalado que la educación puede ser una de las formas de evitar que la gente se deje cooptar por el crimen organizado. Yo no estaría seguro, en Caracas se ha disminuido considerablemente el analfabetismo y es una ciudad muy peligrosa. Pienso que el tema tiene más que ver con el empleo y los salarios, aunque tampoco estoy seguro. Hace muchos años la joven esposa de un amigo fue abandonada y como era muy guapa resolvió que podía trabajar como prostituta de postín. Entró a trabajar en una casa de citas, de esas muy elegantes que existían en los años sesenta en la colonia Del Valle del Distrito Federal. La convencí de que fuera actriz y logré que le dieran empleo como tal en una obra de teatro que dirigía Luis G. Basurto. Un día me dijo que había dejado el teatro pues por noche le pagaban 50 pesos y en la casa de citas obtenía, por un rato en la noche de un día común entre semana, mil pesos (20 veces más). Le mencioné los peligros de ese trabajo y me dijo que la vida era de por sí peligrosa. No conocí el desenlace de esta historia, pero tal vez muchos que se dedican a vivir delinquiendo piensen más o menos lo mismo. Y mientras exista la demanda habrá oferta, legal o ilegal.

La venta de droga, como la prostitución, es problema centenario o tal vez milenario. En México se ha optado por convertir a la segunda en falta administrativa, no en delito. El delito en esta materia es la trata de personas y el lenocinio (artículos 204 a 206 bis del Código Penal Federal). ¿Se podrá hacer algo semejante con las drogas? No lo sé, el tema tiene muchas aristas. Los expertos, los verdaderamente expertos, deberían estudiar el problema en equipos multidisciplinarios, pues ni es solo tema de médicos ni solo de criminólogos.

Tal vez la tolerancia pactada sea la solución, como ocurre en el comercio legal, que también tiene sus reglas. Que los narcos sigan vendiendo, bajo ciertas reglas, como por ejemplo no ampliar su negocio a secuestros y robos ni vender a menores de edad, y que los drogadictos sean atendidos en clínicas y hospitales como se hace en otros países. Si la prostitución existe y existirá mientras haya demanda, ¿por qué no pensar que el comercio de drogas también? En México, por las razones que sean, no tenemos, ni remotamente, tantos drogadictos como en Estados Unidos, y los de allá son problema de ellos, no nuestro.

© La Jornada