CONFLICTO DIPLOMÁTICO SOBRE GIBRALTAR
Londres y Madrid vuelven a discutir por la autodeterminación
El Ministerio de García-Margallo se defiende después de que el Foreign Office centrara en esta cuestión el contencioso de Gibraltar. Hace dos meses escasos Cameron ya invitó a Rajoy a dejar «que la gente decida».
Ramón SOLA | DONOSTIA
La diferente posición de los gobiernos de Londres y Madrid ante el derecho a decidir de las naciones sin Estado hoy incluidas en su seno vuelve a enfrentarles, como ocurriera hace escasos dos meses. El Ministerio de Asuntos Exteriores español salió al paso ayer de la alusión del Foreign Office al derecho de «autodeterminación» dentro del conflicto de Gibraltar, paralela a la reflexión que en junio hizo el premier David Cameron sobre la conveniencia de «decidir» y que también puso a Madrid en entredicho.
Sin necesidad de citar expresamente a Euskal Herria o Catalunya, el Gobierno británico ha encontrado un filón en esta cuestión, en la que se sabe que dispone de ventaja dialéctica tras el acuerdo con el Gobierno de Edimburgo para celebrar un referéndum de independencia en Escocia en setiembre de 2014 y asumir el resultado.
Anteayer, al hilo de la polémica sobre Gibraltar, un portavoz del Foreing Office indicó al Gobierno español que para el Reino Unido «la autodeterminación es más importante que la integridad territorial».
Con ello puso la pelota sobre el tejado del Ejecutivo español, que ayer respondió a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su mensaje se ciñó al caso de Gibraltar para no entrar en otros conflictos más pantanosos para sus intereses como el de Catalunya, que se sigue con mucho interés desde Londres, dado que además los dos referendos -escocés y catalán- podrían casi solaparse en el tiempo.
El ministerio que dirige José Manuel García-Margallo alegó que la ONU no ha hecho nunca una declaración explícita sobre el derecho a la autodeterminación de Gibraltar. Para Madrid, lo que la comunidad internacional propone al respecto es que haya «un proceso de descolonización resuelto mediante negociaciones bilaterales entre España y Reino Unido».
Por contra, Londres estima que la ciudadanía gibraltareña ya ha dejado claro, y de modo muy mayoritario y reiterado, que su decisión consiste en seguir ligada a Gran Bretaña.
La declaración de Exteriores del Gobierno español añade además que Gibraltar «sí afecta a la unidad territorial y la integridad territorial de España», aunque se limita a esbozarlo y no lleva más lejos el argumento.
La polémica de junio
El discurso en favor de la libre decisión de la ciudadanía ya enfrentó al Gobierno conservador británico con el también conservador Gobierno español en junio. Ocurrió después de que el primer ministro, David Cameron, fuera preguntado en rueda de prensa sobre su opinión sobre el proceso catalán y respondiera que «no creo que sea bueno ignorar estas cuestiones de nacionalidad, independencia e identidad». Acto seguido, el inquilino de Downing Street trasladó al de La Moncloa que él es partidario de «que la gente decida» y añadió que esta ha sido la premisa utilizada en Escocia.
El matiz añadido por Cameron de que «no querría decir a los españoles cómo deben afrontar estos temas» no calmó al Ejecutivo del PP. Y además fue el titular de Exteriores, García-Margallo, el que se encargó de dar a Londres una respuesta bastante poco diplomática, al esgrimir que el Estado español cuenta con una Carta Magna que establece «la unidad de España y la indivisibilidad de España», mientras que «el Reino Unido no tiene una Constitución escrita».
La CE calla y espera
Aquella polémica fue esquivada totalmente por la Unión Europea. Se dio la circunstancia de que en la comparecencia en la que replicó a Cameron, el ministro de Exteriores español estaba acompañado por la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, que se quedó sin palabras cuando se le pidió una opinión sobre el rifirrafe: «¡Ay, Dios mío, qué pregunta!», dijo entre risas antes de disculparse con esta expresión: «De los catalanes no voy a hablar».
También ahora la Comisión Europea prefiere mantenerse al margen. Después de que se filtrara una propuesta no oficial del PSOE para llevar el asunto al marco europeo, el portavoz comunitario Jonathan Todd explicó ayer que «la CE no ha recibido ninguna petición. Entiendo que es una idea de un político en España».
No obstante, tampoco descartó del todo algún tipo de intervención entre los dos estados. «Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él», indicó el portavoz. Declinó igualmente hacer comentarios sobre las informaciones de que el Estado español podría querer hacer un frente común con Argentina en la ONU por Gibraltar y las islas Malvinas: «Me suena muy hipotético y por ello no es algo que quiera comentar».
La Comisión sí anunció la semana pasada que, en respuesta a las quejas recibidas de parlamentarios europeos y de ciudadanos, tiene previsto organizar inspecciones técnicas sobre el terreno en Gibraltar el próximo setiembre, con el objetivo de comprobar cuál es la situación. Implícitamente, con ello da tiempo a Madrid y Londres para reconducir la situación.
El Ejecutivo comunitario matiza que ya se ha puesto en contacto con las autoridades españolas para organizar esas visitas y las presenta como usuales. El caso más sonado similar a este fue la misión enviada por la Unión Europea a Dinamarca en 2011, después de que el país amenazara con restablecer sus fronteras nacionales a sus países vecinos del área Schengen.
El referéndum de 2002 preguntó a la ciudadanía de Gibraltar si deseaba un sistema de cosoberanía que incluyera al Estado español. Solo el 1% lo apoyó y el 98,5% votó en contra.
Tras aparecer en la prensa algunas diferencias de criterio entre PP y PSOE, el secretario de Organización de este partido, Oscar López, corrió a ofrecer al Gobierno Rajoy todo su apoyo en este caso. El PP lo agradeció y prometió informarle de todo.
La Policía española también hace suyo el conflicto. El sindicato SUP acusó a la Royal Gibraltar Police de «crispar los nervios» de los españoles que quieren salir del peñón: «Usan una barrera que cuando les interesa, la quitan, y cuando no, la ponen».
En paralelo a la polémica política está el flanco jurídico. El Gobierno británico anunció ayer que estudia emprender acciones legales «sin precedentes» contra el Estado español por la persistencia de los intensos controles en la frontera con Gibraltar. Un portavoz de Downing Street indicó que la medida legal se presentaría en tribunales europeos, a causa de unos registros fronterizos que considera «totalmente desproporcionados» y causados por una «motivación política».
El primer ministro, David Cameron, explica que «se siente decepcionado de que España no haya retirado los controles fronterizos adicionales este fin de semana». No anticipa las acciones legales que se tomarán porque «las estamos considerando», aunque las da por hechas.
Londres había dado casi por zanjada la crisis después de la conversación telefónica mantenida el pasado miércoles entre Cameron y Mariano Rajoy, a iniciativa británica y con el objetivo de rebajar tensiones. A su término, Downing Street aseguró que Rajoy se había comprometido a «reducir las medidas» en la frontera de Gibraltar, donde desde hace días se han formado largas filas por los intensos controles impuestos por las autoridades españolas. Por su parte, Rajoy filtró que él había sido el más duro en la conversación, reprochando a Londres la iniciativa unilateral de arrojar decenas de bloques de cemento a las aguas cercanas.
El fin de semana los registros han seguido en vigor, lo que ha causado esperas de más de dos horas a los vehículos. Madrid mantiene que son «proporcionados» y «legales», pues Gibraltar no pertenece al espacio Schengen, y alega y que su finalidad es evitar el contrabando y el tráfico ilícito. «Se acabó el recreo», llegó a decir el ministro García-Margallo el primer día de la polémica.
La judicialización del conflicto de Gibraltar entre Londres y Madrid sería «un paso sin precedentes, así que queremos estudiarlo con cuidado antes de tomar una decisión», admite el portavoz del primer ministro británico, sin precisar por ahora ni siquiera en qué foros se presentarán esas medidas legales.
El alcalde de Londres, Boris Johnson, difícilmente falta a una polémica de este tipo, y ya se ha hecho oír a través de un artículo de opinión en ``The Daily Telegraph''. Fiel a su estilo, no se muerde la lengua. Y se apunta a la teoría de que el Gobierno español ha recuperado esta cuestión patriótica como «táctica de distracción» ante el «caso Bárcenas» y la alta tasa de paro.
En su artículo, Johnson niega que la raíz de la polémica sea el lanzamiento de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras, donde faenan pescadores españoles. «Esto no es una discusión por los peces». A su juicio, Rajoy ha reactivado los controles en la frontera y ha recurrido al «acoso general de la época de Franco» para camuflar sus problemas internos.
«Rajoy no solo tiene problemas políticos causados por un escándalo de corrupción, sino que tiene otra dificultad más fundamental», dice el alcalde conservador, y es que «la tasa de desempleo en La Línea es del 36%, mientras que la tasa de desempleo en España es del 26%».
Además, recuerda a sus conciudadanos que el paro juvenil supera el 50% y el coste laboral unitario en el Estado español está aumentando en comparación con el de Alemania. «Se están sacrificando las perspectivas de una generación entera de jóvenes españoles en el altar de la unión monetaria», indica Boris Johnson. Por ello, apunta que «la crisis que afronta el Gobierno español es el euro, no el derecho de los gibraltareños a pescar junto a su propia roca; el problema hoy en España no es el Tratado de Utrecht, sino el Tratado de Maastricht».
A quienes se preguntan por qué Gran Bretaña está «permitiendo que este anacronismo colonial envenene las relaciones con España», Johnson les contesta que Gibraltar ya era «realmente distinto de España» cuando él lo visitó por primera vez, hace 30 años, y lo sigue siendo hoy. «Ese deseo de ser británicos existirá en Gibraltar durante el resto de nuestras vidas y más allá», prevé. Y recuerda el episodio de 1981, cuando la reina de Inglaterra indicó al Gobierno español con motivo de un viaje de la familia real: «`Son mi yate, mi hijo y mi roca'. Ese es el espíritu», concluye Johnson.
El incidente se verá complementado por las maniobras británicas en la zona, que son habituales y como tal las entiende Madrid. Un portahelicópteros de guerra partió ayer de Porthsmouth con rumbo a Gibraltar.
