El Real Decreto Ley 16/2012 ha dejado sin cobertura sanitaria a 17.000 personas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Tal como denunció ayer Munduko Medikuak -denominación empleada por Médicos del Mundo en la CAV-, la puesta en marcha de dicha norma, cuya entrada en vigor se remonta a setiembre de 2012, ha «expulsado» de la sanidad pública a personas a las que se les ha retirado la tarjeta sanitaria «por razón de su origen, de su nacionalidad y de su estatus administrativo».

Según informó la agencia Europa Press, la ONG destacó que la puesta en marcha del decreto, diseñado por el Gobierno del PP e impuesto en la CAV por el Tribunal Constitucional español, ha incrementado la «desprotección y la exclusión» de los colectivos más vulnerables, como es el caso de los inmigrantes en situación irregular. Un grupo que, tal como refleja un informe elaborado por el Departamento de Salud en 2012, no supone un coste excesivo para las arcas públicas de la comunidad.

En el citado documento, Lakua constata que el coste sanitario de las personas en situación irregular supone el 0,2% del presupuesto sanitario del Gobierno autonómico. «Todos los estudios realizados hasta la fecha indican que el uso de los servicios sanitarios por parte de los inmigrantes es notablemente inferior al de la población autóctona, al igual que el gasto de las medicinas», destacó la organización humanitaria.

Asimismo, criticó los requisitos de acceso a la tarjeta sanitaria (TIS) en la CAV, donde es necesario estar empadronado un año para tener derecho a la misma y a la atención de un médico de cabecera en Atención Primera. «Eso sí, quienes no cumplan con el año de empadronamiento deberán costearse los tratamientos, salvo en los casos de las mujeres embarazadas, de los menores de 18 años y de aquellos que se encuentren en situaciones de urgencia», denunció Munduko Medikuak. A su juicio, «en la universalización de la sanidad, la normativa del Gobierno vasco coloca a la CAV por detrás de otras comunidades con mayores dificultades económicas y diferentes ideologías, como Valencia o Navarra».

Una medida injusta

Por otro lado, la ONG también cargó contra la puesta en marcha del repago farmacéutico en las boticas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Una medida «injusta», en opinión de la organización humanitaria, que afecta a toda la población, sobre la que recae el incremento del coste de los medicamentos, con especial repercusión sobre los enfermos crónicos.

Además, subrayó que la medida incide especialmente sobre la personas inmigrantes en situación irregular, que, «pese a gastar en medicamentos entre ocho y diez veces menos que la población autóctona, deben correr en todo caso con el coste completo de los mismos, lo que supone una dificultad más, en algunos casos insalvable, en el ejercicio del derecho a la salud».