La juez que lleva el fragmento del «caso CAN» que se instruye en Nafarroa, María Paz Benito, ha decretado el archivo del presunto cohecho por las dietas. Se trataba de un auto esperado, después de que cinco jueces del Supremo cerraran la puerta a la investigación, asegurando que no existía tal delito. Esto implica que el alcalde de Iruñea, Enrique Maya, y el exconsejero de Economía Álvaro Miranda dejan de estar imputados. Por su parte, el expresidente Miguel Sanz y el último director de CAN, Enrique Goñi, también pierden esa condición, pero solo en Iruñea, dado que siguen estando imputados por la Audiencia Nacional por diversos delitos societarios.

La asociación denunciante, Kontuz, asegura que esto no ha terminado y, es más, dice que no ha hecho «más que empezar».

El auto afecta solo a la investigación de las dietas y, por tanto, continúa la instrucción por la falta de inspecciones por parte del Gobierno navarro, así como la concesión de créditos a directivos de la Caja y allegados, que está a la espera de que llegue un informe del Banco de España en el que se detalle si estos créditos se concedieron en condiciones mejores a las del mercado.

De hecho, no queda claro que no se vaya a seguir hablando de las reuniones de la Permanente. Sobre todo, después de que ayer se conociera en su totalidad el resultado de la prueba pericial de la Guardia Civil.

En ella se comprueba que las actas se redactaron más de un año después de que las reuniones se celebraran -y cobraran- y que la mayoría de ellas (12 de 16) fueron modificadas. Si de esta nueva prueba se desprendieran nuevos indicios de delito, como el de falso testimonio para los secretarios de CAN o incluso el de presentación de documento falso a juicio, podrían ordenarse nuevas actuaciones al respecto. Kontuz aventura que el resultado del informe «exige una investigación a fondo».

«Algunas de estas modificaciones se produjeron cuando el proceso ya estaba abierto, lo que, a nuestro entender da pie a interpretar que se podrían haber modificado pruebas vitales», asegura la asociación. Kontuz, además, está muy molesta por el cómo se han dado a conocer las conclusiones de la Guardia Civil. La asociación denuncia que se enteró por una filtración a «Diario de Navarra», cuya sociedad matriz, La Información, ha sido denunciada por la propia Kontuz ante ese tribunal, debido a que recibió un crédito de 16,25 millones de euros por parte de CAN en el año 2008 que la caja ocultó a los organismos superiores, como la CNMV y el Banco de España.

Por otro lado, Kontuz sostiene que UPN intenta sostener que «lo único que importa es el plano legal, no el político, ni el ético», pero que la ciudadanía sabe diferenciar «qué está bien y qué está mal».

Se han cerrado «las migajas»

De todo lo que está en los juzgados, el caso de las dietas era el más llamativo por los implicados, pero ni por asomo el más serio ni el más grave. «Eso fueron las migajas comparado con los mil millones de euros que se esfumaron», dice Kontuz, que ve en esa pérdida de valor «el verdadero `caso CAN'». En este sentido, recuerda que el grueso de las operaciones que pudieron repercutir en esas pérdidas, así como la presunta manipulación de las cuentas de la entidad, están siendo juzgados en la Audiencia Nacional española.

La AN investiga a toda Banca Cívica, aunque la mayoría de las irregularidades denunciadas corresponden a Caja Navarra y aparecen en la misma denuncia de Kontuz en la que figuraban las dietas de la Permanente.