La jueza María Alemán da por probado que cuatro de los cinco acusados son autores de un delito de coacciones, a pesar de que las personas que se solidarizaron con ellos manifestaron que lo que ocurrió realmente fue una riña entre los manifestantes y los encargados del único bar que había abierto en la calle Estafeta ese día 29 de marzo de 2012 en el que todos los sindicatos habían convocado una huelga general.

De hecho, el propio fiscal, que en un principio pedía penas de cuatro años para cada uno de los acusados, les propuso un pacto para aceptar un años de castigo, a lo que todos se negaron.

Además, el juicio estuvo plagado de irregularidades al quedar visto para sentencia sin que llegaran las pruebas documentales, sin que hubiera alegatos de los abogados y sin que los jóvenes pudieran expresar la última palabra.

Asimismo, el testigo de la acusación reconoció que los encausados no se dirigieron a los trabajadores en ningún momento y los fotogramas de cámaras de seguridad que sustentaban la acusación pertenecen a otro incidente posterior al que se juzgaba. Todos estas circunstancias explican que más de mil personas se autoinculparan por los mismos hechos en una campaña en la que participaron todos los sindicatos de la mayoría sindical, además de CNT y CGT.

A pesar de ello, la sentencia, que puede ser recurrida, condena a cuatro de los jóvenes a 18 meses de prisión por sendos delitos de coacciones y también al pago de los daños causados en el establecimiento (230 euros de la persiana del bar y 338,7 de una luna).